Cinco hechos significativos relacionados con el tema ocurrieron en las últimas semanas y conformaron una particular sensación. Uno de ellos corresponde a la manifestación contra las hidroeléctricas, promovida y financiada por Madre Selva, y otro, a la convocatoria de CODECA, ambos con asistencia muchísimo menor de la esperada, anunciada y acostumbrada, y poca acogida de las organizaciones convocantes. Los tres restantes son más explicativos y reveladores: la retirada de la referencia al derecho indígena de las reformas constitucionales, anunciada por “autoridades ancestrales”, la escasa y confusa discusión pública de esos temas por políticos indígenas y el indignante rol autoritario de Bernardo Caal, autodesignado como “representante” de un sector indígena.

Percibo que hay una enorme división en el colectivo que aglutina el vocablo “indígena” y que quienes se sienten incluidos en él son más conscientes cada vez de la manipulación a que están sometidos, tanto por el acarreo y pago de personas —MadreSelva y CODECA— como por personajes que se erogan una cuestionable autoridad o representatividad: Caal, Pop, Rigoberto Juárez, etc.

Se ha cometido la torpeza —o la ligereza, según se mire— de contemplar “lo indígena” como un todo, como un referente único al que contraponer lo ladino, y claramente no es así. La conquista española —los dioses me salven de nombrarla— encontró una división importante que fue utilizada por un grupo de “exploradores” para someter a toda una “civilización”. El divisionismo es una realidad, al igual que ocurre en toda sociedad, producto del fomento de grupos de interés. La plural comunidad indígena debe reflexionar sobre qué desea, en qué condiciones lo quiere y los costos que está dispuesta a asumir. Algunas personas han encontrado, al convertirse en portavoces no autorizados de aquella, una forma de vida, de reivindicación social o de autodefinición étnica, aunque ello sirve únicamente a sus fines y a un círculo muy próximo, pero no a la comunidad que pretenden encarnar. De ahí que cuando una indígena, como lo es la señora Menchú, opta en dos ocasiones por la presidencia del país, apenas alcanza el 3% de votos; que el diputado Amílcar Pop no consiga aglutinar ese 40-50% de la población no ladina o que, finalmente, Bernardo Caal sea rechazado porque se apropia del liderazgo de una comunidad, a pesar de vivir a decenas de kilómetros de distancia y sin relación con aquella.

Hay que empoderar a las autoridades indígenas, pero a las verdaderas, a las comunitarias, a las que son y están, a aquellas que cuentan con el respeto de su entorno. Ese apoyo debería ser la columna vertebral del reglamento del artículo 169 —por hacerse— y del cual ciertos personajes y grupos no quieren saber nada porque en la medida que se reconozcan las verdaderas autoridades y se fijen los procedimientos de discusión, terminará su artificial y arbitraria pero jugosa intromisión.

La división, la carencia de debate, el desconocimiento del derecho indígena que se ha querido impulsar, la falta de liderazgo real frente al sustituto de personajes y grupos conflictivos y la necesaria reflexión interna de todo grupo social, son elementos que deben abordarse entre los indígenas, al igual que se hace en otros grupos sociales o étnicos. No es de recibo seguir hablando de un bloque homogéneo, unificado ni mucho menos liderado. Hay que promover fuertemente a quienes representan a sus comunidades y con ellos hacer converger el ideal de sociedad al que se aspira. Lo demás: luchas de poderes espurios sin avances ni logros, pero con pingües beneficios para algunos vividores de todo esto.

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