El lunes trascendió el informe de la jueza pesquisidora en el caso del alcalde Álvaro Arzú y se supo que no recomendaba retirarle el antejuicio. La jueza Judith Secaira remitió su informe a la Sala de Apelaciones y casi de inmediato las redes sociales condenaron a la jueza como parte del entramado del #PactoDeCorruptos.

La jueza Secaira tiene años de servir en la judicatura, es reconocida por la forma en que hace su trabajo y tiene amplia trayectoria; de hecho, la exmagistrada de la Corte Suprema Marieliz Lucero, tras la avalancha de ataques, afirmaba que daba fe de la probidad de la juzgadora.

No se trata esta columna de hacer una defensa oficiosa de la jueza, se trata de que si queremos construir un sistema de justicia serio no podemos, como sociedad, hacer “pichacha” a todos los jueces por algunos fallos que no puedan ser aplaudidos. Ser juez no es cuestión de popularidad y no hay peor juez que una muchedumbre.

Por supuesto que hay corrupción en el Organismo Judicial y quienes la hemos sufrido hemos podido constatar el escaso interés intrainstitucional para combatirla, pero de eso a que todos los jueces son condenables hay un trecho enorme.

La revolución francesa es un excelente ejemplo de cómo revolucionarios les quitaron la cabeza a otros revolucionarios para terminar con aplausos para Napoleón cuando se proclamó Emperador “dentro de principios republicanos”. Con nuestra propensión al caudillismo es oportuno el ejemplo.

Si por un lado ocurre lo comentado, en esta desaforada fragmentación que vivimos, la semana pasada unas agrupaciones autodenominadas defensoras de la República visitaron el Congreso para solicitar una comisión extraordinaria de diputados para investigar a cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el contenido de determinados fallos.

Es probable que con algunas personas jamás podamos ponernos de acuerdo, pero no estar acordes con los fundamentos básicos de los principios republicanos es grotesco y quiero creer (por baboso que parezca) que sí es posible ese aterrizaje.

El sistema republicano descansa en la interrelación y control recíproco de los poderes del Estado, dentro de varios de sus pilares consagra la independencia del juez, el juez es responsable de sus actos por aspectos administrativos o por delito. Los diputados no pueden revisar el contenido de la juridicidad de una resolución de un juez de paz, menos aún, del propio Tribunal Constitucional.

Si un abuso se cometió en la presidencia de Jacobo Árbenz fue la destitución de la Corte Suprema, al haber otorgado un amparo solicitado en contra de la aplicación del decreto 900. Ángel Valle Girón, abogado auxiliante de aquel amparo, revolucionario por convicción y después magistrado de Corte Suprema, siempre sostuvo que esa fue una de las grandes arbitrariedades cometidas en el régimen revolucionario.

En un régimen democrático el debate de ideas prevalece, pero si no nos podemos poner de acuerdo ni en lo mínimo, corremos riesgos mayores.

La administración de justicia debe ser fiscalizada y cuestionada, pero si por pasión se deslegitima cualquier fallo adverso vamos por la senda del suicidio colectivo. Basta recordar las palabras de don Eduardo J. Couture: “De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinados, lo que valgan sus jueces como hombres. El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

Nuestra administración de justicia está enferma, su medicina radica en buena parte en la capacidad de fiscalización social y análisis objetivo de sus fallos, ojalá podamos ser prudentes y congruentes para la construcción de un mejor futuro.

@Alex_balsells