Los y las periodistas agremiados llevamos ya más de cinco años intentando que los tres gobiernos que hemos tenido asuman su responsabilidad, honren su palabra y cumplan con el compromiso voluntario que asumió el Estado en el Examen Periódico Universal, en Ginebra, en 2012, de crear un programa de protección a Periodistas, tal como lo ha recomendado el Consejo de Derechos Humanos a todos los países.

Hemos acudido a todos los funcionarios y a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Todos han dicho que sí, pero la propuesta avalada por el Presidente se quedó estancada en Gobernación desde el año pasado, en donde un funcionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a cumplir con la orden del gobernante. El viceministro de Gobernación en temas de Seguridad nos ha asegurado que se va a impulsar el Programa, pero tampoco ha cumplido.

Estando a las puertas del próximo Examen Periódico Universal que el país enfrentará el 8 de noviembre, el Gobierno envió un informe. En el párrafo C # 149 dice: “149. En noviembre de 2016 el Presidente de la República, impulsó la creación de un Acuerdo Gubernativo, mediante el cual se crea el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, con el objeto de garantizar el libre ejercicio de la profesión”. Esa afirmación es una artimaña, esconde la realidad porque camuflajea su incumplimiento. Que quede claro, el Estado no ha cumplido.

En Guatemala tenemos altos porcentajes de pobreza, somos el noveno país más desigual del mundo y uno de los más violentos. Nuestros gobernantes oyen, pero no escuchan, no atienden, no cumplen y a ningún funcionario le importa lo que pasa.

En una reunión reciente, celebrada en Montevideo y convocada por la Relatoría de la Libertad de Expresión y Artículo 19 para analizar el estado de los mecanismos de protección existentes en la región y los que están en construcción, informamos de nuevo al comisionado Jesús Orozco y al relator de la Libertad de Expresión que el proceso no ha avanzado nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Guatemala se reunió con el Presidente, quien también les mintió al asegurarles que impulsaría el programa, como a nosotros, como a la SIP en su Asamblea. El 12 de septiembre, en una resolución, la CIDH de nuevo instó al Estado a adoptar mecanismos de protección a personas vulnerables, entre ellas los periodistas.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su asamblea de Cancún, en junio pasado, por primera vez adoptó una resolución relativa a la protección de los periodistas, en la que exhortó a los Estados a condenar los asesinatos de periodistas y a adoptar medidas especiales de prevención de riesgos y protección de reporteros, a luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, a través de la creación de fiscalías especiales independientes, a la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamientos específicos, y a la formación continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y de seguridad de periodistas. Los instó a reafirmar públicamente que todo periodista tiene derecho a recibir, buscar y difundir información sin padecer ningún tipo de discriminación.

Finalmente los alentó a fortalecer la colaboración de los Estados miembros con la CIDH y la oficina del Relator Especial, en particular en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.

En México, Colombia, Honduras y Brasil los programas, aunque tienen deficiencias, ya existen. Aquí seguimos esperando.

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