En el congreso de la República está funcionando una especie de sala de regaños, habiendo tocado las más recientes reprimendas al Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y a la ministra de Salud Pública, Lucrecia Hernández Mack.

Al primero porque, en opinión de los miembros de una comisión legislativa, no actuó con prontitud y eficacia para evitar los trágicos acontecimientos ocurridos el 8 de marzo en el mal llamado Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción y, a la segunda, porque llamó “un chiste” a la interpelación de que era objeto por otra comisión.

Acerca de interpelaciones y demandas de informes es oportuno recordar un antecedente de parecida naturaleza ocurrido el 6 de abril pasado, cuando ocho integrantes de otra comisión legislativa censuraron oralmente a Estela Ventura, gobernadora indígena de Alta Verapaz y de ribete la insultaron, a tal punto que ella salió llorando del Congreso.

Esos diputados actualmente están siendo procesados por delitos de discriminación, abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias.

Todo eso da la impresión de que se está desnaturalizando el procedimiento de las interpelaciones. El Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo, no figura entre los funcionarios o empleados públicos que pueden ser interpelados o citados por los diputados.

Los jefes de bloques legislativos y los presidentes de comisiones están facultados para girar invitaciones o citaciones “a funcionarios o empleados públicos o, en su caso, a personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien o reciban recursos del Estado”. Y, como puede verse, el Procurador no entra en ninguna de esas calidades. ¿Qué es entonces el Procurador? Es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Se le menciona casi siempre como magistrado de conciencia, o magistrado de opinión, cuyas resoluciones no son vinculantes, pero surten los efectos deseados por el prestigio, la autoridad y la moralidad que le son inherentes. No entran, pues, en sus funciones y atribuciones mantener la paz y el orden en el interior de los centros penales, ni en las casas de protección y abrigo destinadas a niños y adolescentes víctimas, ni en las destinadas a menores en conflicto con la ley penal, todo lo cual corresponde a dependencias del Organismo Ejecutivo, asunto plenamente clarificado estos días con el inicio de procesos penales por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a tres funcionarios del alto rango. Se les imputa un delito culposo y las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público por conducto de fiscalías contra el femicidio y delitos contra la vida. Así que los cargos podrían cambiar. Y es seguro que pronto habrá más investigados y procesados, pues se trata nada menos de la muerte de 40 niñas y adolescentes —hay una cantidad parecida de hospitalizadas— que debieron ser protegidas por el Estado, sin importar el motivo por el cual se encontraban en ese centro oficial, que resultó ser un lugar de prisión y muerte.

Pero, el objeto de este comentario consiste en señalar que toda persona interrogada por los diputados merece ser tratada con el máximo respeto. Y en el caso de la ministra de Salud Pública, empeñada en hacer bien todo lo que es competencia de su ramo, resulta impropio tratar de perjudicarla en momentos en que su cargo está siendo estremecido por una ola de acciones de hecho, incluidas manifestaciones públicas, por miles de empleados inconformes con las medidas que ella ha tomado.

En conclusión: ningún dignatario tiene necesidad de poner insultos o regaños, donde puede poner buenas razones.