Guatemala tiene una de las tasas de impuestos per cápita más bajas del mundo, lo que no permite atender las necesidades básicas de la Nación. A ello se suma el problema que alto porcentaje del presupuesto se destine a funcionamiento y muy poco a inversión, lo que limita el desarrollo del país. El nivel de endeudamiento en los últimos años crece desmesuradamente. Por ello es plausible el esfuerzo por mejorar la recaudación del actual superintendente de Administración Tributaria, Francisco Solórzano, uno de los pocos aciertos en los nombramientos de este gobierno, funcionario que ha luchado frontalmente contra los defraudadores.

En este contexto me parece fuera de lugar la iniciativa de ley propuesta por los ganaderos, que en un inicio fue planteada como una “ley para el fomento de la ganadería bovina, caprina, ovina y porcina”. En dicha ley se planteaba un impuesto único para la producción pecuaria del 1% sobre las ventas brutas de animales, productos y subproductos artesanales e industriales de origen animal. Establecía exoneraciones y exenciones al IVA, derechos arancelarios a importaciones DAI y cambios al impuesto sobre la renta ISR. A pesar del dictamen desfavorable que con justa razón emitió la SAT, la iniciativa, en lugar de minimizarse, se amplió. Se plantea ahora como la “Ley de facilitación tributaria para la formalización del sector Agropecuario”, que crea un régimen tributario especial para el sector agropecuario (Retriagro), y la posibilidad de solventar su situación ante la SAT por procesos administrativos o judiciales que los productores tengan abiertos. El nuevo planteamiento incluye ahora café, cardamomo, hule, cereales, caña de azúcar, frutas, nueces, ornamentales, follajes, cría de ganado vacuno, porcino, ovino, cabras, caballos, peces y camarón, actividades y servicios agrícolas y ganaderos. Prácticamente lo están abriendo a todo el sector agrícola del país. Se está planteando un impuesto único reducido del 4% para ingresos de hasta Q3,000,000.00 bajo el régimen electrónico, estableciendo una gradualidad del 2018 al 2020, con un tipo impositivo reducido del 3%.

Si bien es cierto que más del 95% de este sector está en la informalidad, sus productos llegan a sectores formales que también podrán acogerse a esta ley. Ya me imagino a los empresarios dividiendo sus empresas para formar otras que tengan ingresos menores a los Q3,000,000.00 que señala la iniciativa. Ojo, que acá entra el café, azúcar, cardamomo, hule, camarón y ornamentales, cuyos productos están entre los principales de exportación del país. Con esto prácticamente se está eliminando la base tributaria de uno de los sectores que más contribuyen al producto interno bruto del país, y que por lo tanto son generadores importantes de impuestos.

Nuevamente el Congreso da la espalda al pueblo de Guatemala, al estimular este tipo de iniciativas, pues priva en varios de sus miembros el interés individual, al ser ganaderos, que el colectivo, para el que fueron electos. Los efectos de la ley no se han sido justamente medidos, pues solo se han dado cifras aisladas, sin verdaderas proyecciones del efecto de cascada que la ley provocará. Se agravará la recaudación tributaria y la posibilidad de que el país mejore su presupuesto nacional. Da vergüenza ver a ganaderos que en los desfiles hípicos y ganaderos muestran sus mejores galas, ostentando ejemplares y vestimentas onerosas, manifestando cuál izquierdistas manipulados, con tal de obtener estas prebendas para mantener privilegios que han tenido en la informalidad, pero que ahora están temerosos por los controles que la SAT está implementando.

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