Mientras las primeras lluvias de la temporada caían en varias regiones del país ayudando con ello a sofocar gran parte de una serie de incendios que consumía miles de hectáreas de varias reservas naturales de la Biosfera Maya, platicaba con algunos amigos para entender por qué un patrimonio que debería ser nuestro mayor orgullo, era pasto de las llamas provocadas en su mayoría, intencionalmente.

Es difícil a veces entender la lógica que hay detrás de estos actos criminales en contra de la riqueza natural e histórica, en el caso de los sitios arqueológicos. Sobre todo porque son fenómenos cuyos orígenes no se remiten a una solo causa.

Sin embargo, entre otros factores detrás de la destrucción de las reservas naturales también encontramos los relativos a invasiones humanas o la explotación ilegal de los recursos por parte de poblaciones que encuentran en ello un medio de subsistencia.

Entre algunas conclusiones de mis charlas con mis amigos cobra importancia la necesidad de prestar atención a este último caso, puesto que más allá de ser solo parte del problema podría convertirse en una solución de la misma.

Nada justifica las invasiones y la depredación de las áreas protegidas, pero al entender que la raíz de estas radica en la necesidad de subsistencia nos permite enfocarnos hacia las soluciones más que en solo buscar culpables.

En principio, el problema tiene que ver con el modelo de gestión y administración de las reservas naturales. Se trata de un sistema no pertinente con las poblaciones que habitan las regiones en su diferentes niveles. Los beneficios de su explotación hoy por hoy no llega a las comunidades y siguen concentrados en manos de pocas inversiones privadas.

Este hecho me recuerda uno de los modelos implementados en Sudáfrica, del que pude ser testigo en un reciente viaje a ese continente. Las comunidades administran y gestionan las reservas naturales desde su declaración proveyéndoles de la posibilidad de recibir directamente los beneficios y, por consiguiente, llevándolos a tener mayor responsabilidad en su protección y cuidado.

En el caso de Guatemala, evidentemente será necesario reformar la ley en materia de reservas naturales para que se contemple desde un principio su gestión desde las comunidades.

Conversé con el Dr. Richard Hansen, pionero investigador y promotor de la Cuenca del Mirador, en Petén, respecto a este tema y precisamente me daba luces sobre lo oportuno y beneficioso que resultaría invertir en una infraestructura ambientalmente amigable donde las poblaciones sean principales actores, con lo cual los beneficios económicos son potencialmente mayores a lo que implica ahora las actividades de subsistencia que conllevan la destrucción del patrimonio.

El Dr. Hansen me comentaba que las ganancias por la tala y la explotación ilegal de madera y otros recursos en la selva petenera representan para los pobladores unos US$700 mil por año. Pero si hacemos una inversión de unos US$8 millones, para construir una infraestructura basada en pequeños trenes que permitan a los visitantes dar un tour alrededor de la cuenca, este generaría millones de dólares de ganancia para las comunidades.

Es una solución de economía inclusiva que permite la sostenibilidad económica de las reservas y sería un fuente de ingresos estables para las comunidades.

Es una idea simple, que no necesariamente es la única vía hacia el desarrollo y precisamente el reto esta en la diversidad de opiniones y enfoques, así como la biodiversidad es el reflejo de la gran riqueza guatemalteca, que merece conservarse y florecer.

MarcosAntil.com