La semana pasada los diputados del Congreso fueron protagonistas de un triste espectáculo. Discutieron dos propuestas: dejar vigente un presupuesto de 2017 con evidentes problemas de ejecución, o aprobar un nuevo presupuesto de 2018 con evidentes espacios para la corrupción. Pero el problema no eran los —malos— presupuestos en el menú. El problema es la existencia de un régimen político, representado por los partidos presentes en el Congreso, sin la voluntad de presentar alternativas legislativas que beneficien a la mayoría de guatemaltecos.

Lo ilustran algunos hechos ocurridos la semana pasada. Primero, se vinculó la elección de la Junta Directiva con la aprobación del presupuesto. Llegó a tal extremo que la noticia más importante durante el último día disponible para aprobar el presupuesto era la posible configuración de la Junta Directiva del Congreso en 2018 y no el contenido del presupuesto que quedaría vigente ese día. Segundo, hubo una absoluta opacidad acerca de lo negociado. Tercero, los temas realmente importantes, especialmente los objetivos centrales que debían orientar al presupuesto 2018, como la reducción de la desigualdad y de la pobreza, o la reactivación económica, ni se mencionaron.

Durante la semana pasada ciertos medios de comunicación presentaron información detallada del presupuesto, ya sea del originalmente presentado por el Ministerio de Finanzas o del revisado por la Comisión de Finanzas del Congreso. Algún diputado aislado también hizo vanos intentos por llevar al debate el contenido del presupuesto. Pero faltó más información y análisis acerca de las implicaciones de lo que significaba mantener el presupuesto del 2017 vigente otro año. Los costos del presupuesto de 2018 sí recibieron mucha atención, pero no se compararon con los costos de mantener vigente el de 2017.

Sin embargo, a la mayoría de diputados, incluyendo la bancada oficial, no les interesaba tanto el presupuesto. Era más importante la negociación de la Junta Directiva. La propia bancada oficial, al dejar la discusión del presupuesto hasta pocos días antes de la fecha límite para aprobarlo —el 30 de noviembre—, y al adelantar la discusión sobre la composición de la Junta Directiva, delató su falta de interés en la aprobación del presupuesto. Se conformó una precaria alianza para intentar aprobarlo, pero su propósito principal era llegar a un acuerdo sobre la futura Junta Directiva. La aprobación del presupuesto no era prioritario para la gran mayoría de bancadas, incluyendo la oficial.

El resultado de todo lo anterior es un presupuesto pequeño, sin posibilidades de agilizar la ejecución de la inversión pública. Tendrán que hacerse una serie de reasignaciones internas para intentar ajustar el presupuesto originalmente diseñado para el 2017 para que se adapte a la realidad diferente del 2018. La legislación existente ya es fuente de serias rigideces presupuestarias, pero ahora aumentarán. Será muy difícil la gestión de la inversión y del crédito interno y externo del cual depende, con préstamos externos que están en camino, pero no en el presupuesto que estará vigente. Contar con el presupuesto de 2017, más pequeño y con serias dificultades de ejecución de la inversión pública, tendrá un impacto negativo sobre la actividad económica en un momento de seria desaceleración. Y la percepción de debilidad institucional que ya condujo a reducir la calificación de riesgo país de Guatemala será reforzada.

Un presupuesto más racional, con un fuerte ingrediente de inversión pública, ejecutada con celeridad y honestidad, era lo que se necesitaba. Pero el régimen político guatemalteco, constituido por los principales partidos políticos presentes en el Congreso, es incapaz de aprobar legislación que genere ese tipo de resultado.

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