El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha emprendido un interesante esfuerzo abriendo un espacio a la ciudadanía en el proceso de formulación del presupuesto 2017. A esta iniciativa, denominada “Presupuesto Abierto”, se está convocando a cada uno de los ministerios del Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y al Ministerio Público, para que expongan públicamente cuáles son sus demandas de financiamiento para el 2017. Desconozco cuáles son los criterios para ser invitados a dichos eventos, pero se está transmitiendo en directo vía web, y se puede participar por medio de las redes sociales también. Así, podemos involucrarnos y participar.

Hasta ahora, la demanda institucional para el 2017 ha superado en todos los casos el techo de gasto que les fuera asignado en el 2016. Ciertamente, es un reflejo del estado de inanición crónica en que han vivido las entidades públicas, que se agudizó con el saqueo voraz y masivo de los últimos años. Los montos adicionales solicitados son significativos, pero no siempre queda suficientemente claro de las exposiciones ministeriales cómo la demanda financiera planteada se traducirá en mejoras concretas para la población. Para definir eso, se requeriría un proceso más profundo, que examine la eficacia y la relación costo-beneficio de la oferta de bienes y servicios que produce una entidad, con respecto a los resultados y metas que se propone alcanzar. Será difícil hacerlo ya para el 2017, pero debería avanzarse en esa dirección para los próximos presupuestos.

El Minfin deberá hacer un balance entre demanda y realidad fiscal, pues los ingresos adicionales con que espera contar en el 2017 no serán más de cuatro millardos, a los cuales hay que descontarles las obligaciones ya definidas en ley. Basta decir que los montos de las ocho entidades que ya han expuesto sus demandas adicionales ascienden a casi 13 millardos.

Hay que decidir entre seguir repartiendo “pushitos” a todas las entidades, o ser más bien estratégicos y priorizar el financiamiento —aunque sea parcial— de ciertos programas clave que profundicen y/o catalicen algunos de los cambios que tanto anhelamos.

Si a mí me preguntaran, la primera prioridad se la daría indudablemente al MP y al Organismo Judicial, aunque no se satisfaga el 100% de su demanda. Luego, hay tres ministerios que este Estado mínimo no puede dejar sin mejorarles las asignaciones el año entrante: Gobernación, Agricultura y Salud, en ese orden. No olvidaría presupuestar el censo de población.

Si quedara dinero, mi segundo grupo de prioridad sería el Ministerio de Trabajo, para fortalecer la inspectoría; seguido de los ministerios de Ambiente; Educación y Cultura. En todos los casos, no quedaría más remedio que priorizar rubros y/o programas estratégicos como destino del gasto incremental, y convenir metas razonables de alcanzar al final del año.

En paralelo, exigiría que todos los ministerios demostraran mejoras sustantivas en la calidad de su gasto y medidas concretas de control de la corrupción para ser elegibles a fondos adicionales en los próximos presupuestos.

Pienso que el “Presupuesto abierto 2017” es un paso en la dirección correcta y permitirá al Minfin avanzar en cuatro aspectos: 1. Reducir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos; 2. Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones clave en el Estado; 3. Tener una mejor idea del tamaño de la brecha fiscal; 4. Identificar elementos que debe incluir una reingeniería del proceso de presupuesto, para que así deje de ser un botín y se convierta en un verdadero instrumento para el bienestar ciudadano.

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