A Goethe se le atribuye aquello de: “Prefiero cometer una injusticia antes que soportar el desorden”. Antes, Platón había dicho saber qué era la injusticia, pero no la justicia. Comprender la antítesis injusticia-justicia ha sido preocupación de intelectuales y filósofos.

Desde hace poco experimentamos en Guatemala la acción de la justicia de una forma que ha llegado, incluso, a aturdir. Sin tiempo de reponernos de casos escandalosos, surgen otros nuevos que opacan los primeros y elevan el nivel de sorpresa a límites antes inimaginables. Experimentar la justicia no puede, sin embargo, dejarnos impávidos frente a las injusticias.

Los lamentables hechos ocurridos en la cumbre de Alaska en octubre de 2012, en donde murieron seis manifestantes, llevaron a prisión al coronel Juan Chiroy Sal y a ocho soldados. Meses después, la jueza Carol Patricia Flores Polanco resolvió, tras analizar el caso, cambiar el delito inicial que se le imputaba al oficial —ejecución extrajudicial— por el de incumplimiento de deberes. En ese momento se desencadenó una confrontación judicial entre el MP y el sistema de justicia que lleva casi cinco años.

A diferencia de lo que es habitual, el coronel Chiroy no ha interpuesto un solo recurso que permita hablar de “retraso mal intencionado del proceso”. Por su parte, el MP —en sucesivas fechas y momentos— ha presentado tres recursos de amparo, cinco de apelación, dos de reposición, dos actividades procesales defectuosas y un recurso de casación. Se han suspendido veinticinco audiencias y prorrogado catorce veces el tiempo de prisión preventiva. ¿Conoce un caso así? Seguramente no, porque no existe en la historia judicial nacional, aunque parece no atraer la atención mediática ni mucho menos el interés de los grupos que reclaman justicia desde diferentes plataformas.

Y es que los actores que concurren en el proceso así lo “permiten”. De un lado, el “obediente y no deliberante” —además de silencioso— ejército. De otro, grupos de presión de la sociedad civil que se sienten cómodos con mantener en prisión a un ícono tradicional de su lucha, sin importarles la justicia que reclaman, las personas por cuyos derechos dicen velar ni la eficacia del sistema. ¡Esa doble moral a lo tórtrix!

Estará a favor, en contra o le importa un pepino el caso del coronel Chiroy y de los ocho soldados encarcelados. Pensará —o no— que deben quedarse ahí de por vida o seguirá sus actividades sin acordarse del nombre del comandante de aquella tropa. Lo que no podrá evitar a partir de ahora es preguntarse qué haría en una situación como esa, en quién se apoyaría o a qué entidad acudiría.

Es preciso aplaudir la justicia, pero la jueza debería, mientras el sistema de justicia termina sus enfrentamientos para ver quién tiene razón en esa interminable guerra de recursos, dejarse de temores, presiones —si existen— y otras consideraciones, y aplicar lo que corresponde a alguien que ha superado en casi dos años el tiempo máximo que deberá cumplir si es condenado por el delito de incumplimiento de deberes que se le imputa. No hacerlo, además de ignorar a Platón y la afirmación comentada, alienta negativamente la credibilidad de una justicia en la que el ciudadano empezaba a creer, y termina por concederle la razón a grupos mafiosos que reclaman lo mismo pero que usan el amparo por estrategia dilatoria, la maña como táctica, la corrupción por norma y la compra de voluntades a modo de procedimiento. Es tiempo de justicia y corresponde a cada quien asumir su responsabilidad.

El coronel Chiroy y su tropa aún tienen quién les escriba.

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