Durante algún momento de nuestra convulsa reciente historia, los grupos extremistas y quienes han hecho de la conflictividad mediática su modus vivendi intentaron escandalizar a los guatemaltecos advirtiendo que el ala ideológica opuesta a ellos buscaba llevar al país hacia la venezolanización. Ahora hay que agregar la nicaragüización.

Solo cambian los protagonistas. Lo cierto es que hoy por ese rumbo se desliza Guatemala, con la diferencia de que ha sido el gobierno de Jimmy Morales, sus corifeos y estrategas quienes están empujando a la nación hacia un indeseable estado de ingobernabilidad, de cara a preocupantes paralelismos entre las actitudes y acciones tomadas por los tiranos aludidos y lo que ocurre localmente.

El miércoles, el gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las que Daniel Ortega acusa de injerencia y de estar parcializados en la evaluación de los últimos hechos ocurridos.

La medida se produjo apenas un día después de que el Gobierno de Guatemala anunciara la expulsión de 11 investigadores de la oficina de Naciones Unidas dedicada a combatir la corrupción y la impunidad. Solo cambian algunos nombres y ciertas circunstancias, pero en el fondo las dos acciones son un reflejo claro de intolerancia gubernamental hacia entidades que velan por el respeto a los derechos humanos y por erradicar la corrupción.

En una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el régimen de Ortega aduce irrespeto a la soberanía nicaragüense por los encargados de verificar el respeto a garantías esenciales. Es el mismo argumento utilizado por el mandatario guatemalteco y los más nefastos miembros del pacto de corruptos en su batalla por deshacerse de investigaciones independientes del oficialismo en casos de corrupción.

Las medidas adoptadas por Ortega y Murillo pretendía impedir la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua sobre los violentos acontecimientos de los últimos meses. El informe se presentará hoy en Washington y seguramente pondrá en blanco y negro el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua y la violenta respuesta sandinista ante el repudio generalizado.

Jimmy Morales hace lo mismo en Guatemala, pues su decisión de desmantelar la Cicig antes de que se venza el plazo tiene el claro propósito de entorpecer los procesos por corrupción contra él, contra sus financistas en la última contienda electoral y contra lo más granado de la cúpula del anterior gobierno, entre ellos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes estarán entre los beneficiados si triunfan las acciones de Morales.

Nicaragua también justifica la expulsión de los expertos en derechos humanos, argumentando “falta de imparcialidad y objetividad”. Lo mismo que el oficialismo guatemalteco esgrime en las investigaciones sobre corrupción.

No deben tener la menor posibilidad de éxito estos regímenes, cuyos desfasados y obstinados liderazgos solo están procurándose impunidad, ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos o en favor de la impunidad.