Arnoldo Medrano, quien fue alcalde de Chinautla por 25 años, ha sido condenado a nueve años de prisión, seis de ellos inconmutables, luego de que el Tribunal Octavo le dictara la máxima sentencia en uno de los procesos que se ventilan en su contra, Además de estar obligado a pagar una multa de Q25 mil, queda inhabilitado para ejercer cualquier función pública mientras cumpla sentencia, o sea, durante nueve años, un doloroso e inesperado castigo para una figura pública poderosa que desfiló por los principales partidos políticos durante un cuarto de siglo.

Según la jueza Oly González, la máxima sentencia que la ley permite le fue aplicada al exalcalde porque él falló a la confianza que le dieron los vecinos. Según la juzgadora, se demostró que el ex jefe edil y su concejo autorizaron a la empresa Grupo Dinámica Constructiva a recaudar el impuesto único sobre inmuebles (IUSI) entre enero del 2011 y agosto del 2013, todo a cambio de una comisión del 15%. Esta coima llevó casi Q2 millones al bolsillo de Medrano, cifra que —más allá de su monto— refleja uno de los muchos negocios en los que el exfuncionario estuvo implicado durante su prolongada gestión.

Medrano es un caso típico de la deformación que sufren muchos líderes municipales en el país. El carisma y trabajo que realizan durante su gestión les permite ganar el voto popular y se convierten en la opción más conveniente para la comunidad, lo cual no es malo. Pero cuando las obras ocultan la corrupción y facilitan negocios ilícitos debidamente disfrazados, todo lo bueno que se pudo proyectar sucumbe ante una realidad: ese funcionario se aprovechó del cargo para robar al pueblo y, por tanto, se convierte en un delincuente igual que muchos otros que no ostentan cargo público y a los cuales linchan algunas comunidades.

El buen servidor público puede no ser tan carismático como Medrano. Quizá solo llegue al cargo una vez y nunca más repita porque hace las cosas correctas y no solo las que le ganan aplausos y amigos. Pero cuando el político se gana la voluntad de sus electores y roba, se convierte en una figura abominable, pues el embuste y el robo caminan de la mano para expoliar las siempre alicaídas finanzas de cualquiera de las comunas de todo el país, desde la metropolitana hasta la más pequeña.

Ante una sentencia como la dictada ayer, la población puede sentir que es leve. Al cabo, es un castigo mínimo para una afrenta a la confianza del ciudadano, porque un funcionario electo para velar por los intereses de la comunidad hizo un negocio para apoderarse de fondos que debieron servir al pueblo. Sin embargo, dentro de lo que la ley permite, es el máximo castigo.

Los políticos deben aprender. El concejo que permitió el abuso de Medrano será investigado, y quizá castigado. Otros que imitan al exalcalde deben correr la misma suerte, porque muchos de ellos terminan el día siendo funcionarios públicos en pueblo pobre y amanecen como sonrientes millonarios, impunes, inmunes y hasta aplaudidos, todo a costa de carencias y olvido de sus comunidades. El castigo más plausible es el de eliminarle la posibilidad de optar a otro cargo de elección popular.