Los jueces y magistrados que actúan con independencia, que no aceptan presiones, que no pagan favores y que contribuyen a combatir la impunidad están en franca minoría. Los últimos procesos penales contra funcionarios judiciales evidencian la podredumbre y la cooptación del sistema; y no se trata de casos aislados sino de una maquinaria —muy bien aceitada— que ha venido funcionando con el fin de procurar impunidad.

En este país la justicia tiene dueños. Y los dueños saben perfectamente que si el sistema se cambia su poder disminuye, y con él su capacidad para obtener sentencias a la carta. Esa es la razón de fondo por la que se oponen a cambiarlo. Les importa poco si uno, dos o tres de sus magistrados son retirados de sus cargos y enjuiciados, porque tienen a lo largo y ancho del país a operadores de justicia que forman parte de las redes de corrupción que tienen capturado el sistema.

Los últimos procesos de elección de la CSJ y las cortes de apelaciones son el mejor ejemplo de cómo las comisiones de postulación han dejado de ser (si es que alguna vez lo fueron) un mecanismo idóneo para garantizar independencia judicial. El tráfico de influencias, las componendas entre sectores gremiales y miembros de la judicatura, el doble rol de quienes fueron comisionados y a la vez candidatos, la participación de decanos de facultades de derecho en las que no hay alumnos ni egresados, y el derroche de recursos en las campañas electorales de la universidad pública y de los colegios profesionales (comida, rifas, acarreos y edecanes incluidas) son algunos de los vicios que han sido ampliamente denunciados y documentados.

Quizá la intención detrás del mecanismo de comisiones de postulación haya sido buena, pero la realidad demostró que aquella idea de “blindar” de intereses partidarios la elección trasladándola a la academia, terminó por convertirla en presa de los más oscuros grupos políticos y de poder fáctico. Además, se generó la proliferación de facultades de derecho con el único fin de tener un decano como comisionado, sacrificando la formación con la emisión de títulos exprés.

Por si hiciera falta argumentos adicionales, vale recordar aquí las declaraciones de la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre que la elección de las cortes en 2004 se discutió alrededor de una cama (La Hora, 19/9/2014); la sentencia condenatoria contra el exdiputado Gudy Rivera y el abogado Vernon González quienes intentaron negociar la reelección como magistrada de Claudia Escobar a cambio de una sentencia favorable a Baldetti; y la condena contra la jueza Jisela Reynoso por enriquecimiento ilícito, quien fungió como comisionada siendo decana de la Universidad Rural.

A eso hay que sumar que la carrera judicial llega hasta la primera instancia, lo que imposibilita que jueces y juezas con una hoja de servicio intachable lleguen a ocupar una magistratura; precisamente su independencia es castigada a la hora de elaborar los listados de candidatos y votar.

Cambiar el mecanismo de elección y reformar la carrera judicial para fortalecerla requiere de una reforma constitucional, no tendría ningún sentido promoverla (y generar tanto desgaste) si estos aspectos pudieran modificarse con cambios a la legislación ordinaria. Pero como la consigna parece ser “desinforma y vencerás” ya empezaron a utilizar este argumento para terminar de frenar el proceso.

A estas alturas es clave preguntarse quiénes tienen razones suficientes para oponerse a una verdadera independencia judicial y buscan que la justicia siga teniendo dueño.