Cuando el rey de España, Felipe VI, se preparaba para asistir a los actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas que en agosto del año pasado causaron en Barcelona y Cambrils 16 muertos y 131 heridos, un independentista colgó en la parte alta de su edificio, en Barcelona, una pancarta con la fotografía del rey de cabeza y un letrero que decía “El rey de España no es bienvenido en los pueblos catalanes”.

Varios policías subieron a la azotea a quitarla, pero, antes de que terminaran recibieron contraorden porque el edificio es de propiedad privada. Horas después, en solidaridad con el independentista, en dos edificios más aparecieron mantas iguales a la primera.

Pues bien, las autoridades españolas no hicieron nada contra los que colocaron las pancartas por cuanto reconocieron que estos procedían en el ejercicio de la libertad de expresión.

En Guatemala, en cambio, en la inauguración de las fiestas de la independencia, en Quetzaltengo, unos niños y niñas de varias escuelas participaron en un desfile público y quienes lo encabezaban sostenían una pancarta con la foto del presidente de la República y en el pecho la frase “No grato”. Pero, a diferencia de la actitud de las autoridades españolas, el Ministerio de Educación de Guatemala inició una terrorífica investigación para determinar quiénes fueron los responsables de la exhibición pública de esas dos palabras contra el presidente guatemalteco. Y el ministro de Educación declaró en un programa de televisión, que ya estaban investigando a los escolares, a sus padres, al inspector departamental de Educación, a directores de las escuelas de las que son alumnos los niños manifestantes; a los maestros y, finalmente, en respuesta a una pregunta del entrevistador, dijo que también se establecerá si hay responsabilidad por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango, entidad organizadora de las fiestas patrias.

El presidente había sido invitado a cortar la cinta simbólica en la inauguración de esas fiestas, que son las de mayor lucimiento en el país cada 15 de septiembre; pero, ya no llegó.

Esa investigación constituye, ¡qué duda cabe!, una violación a la integridad moral de los niños. Una de las consecuencias puede ser intimidarlos, al igual que a sus padres, a los maestros y a los organizadores del desfile.

En otras palabras, anular el espíritu rebelde de los niños, silenciarlos, en lugar de fomentar en ellos la idea de que un espíritu nacido libre no debe crecer ni vivir como esclavo.

Guatemala, al firmar la Convención sobre los derechos del niño, prometió solemnemente a los niños guatemaltecos hacer todo lo que esté a su alcance para protegerles y promover su derecho a sobrevivir, a prosperar en la vida y a aprender y crecer, así como hacer oír sus voces y ayudarles a desarrollar plenamente todo su potencial. También se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que todo niño guatemalteco se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Y resulta entonces inexplicable lo que la autoridad hace hoy contra los niños quetzaltecos por externar sus opiniones acerca de un funcionario. Y, como se sabe, a otros niños se les impidió el acceso a la Plaza de la Constitución, no obstante que ese lugar es un bien público de uso común, especialmente para los niños. Y todo sucedió en el considerado, irónicamente, mes de la libertad. Claro, así es el rostro de la tiranía.