El abuso de poder, cuando se mezcla de manera burda con la corrupción en la administración pública, irremediablemente solo puede conducir al fracaso de cualquier sistema, por muy perfeccionada que pueda percibirse la maquinaria que lo sostiene. Esto se ha demostrado a lo largo de los años, con ligeras variantes, en distintos escenarios, cuando es inevitable el colapso.

Guatemala ha dado muestras de lo imprevisible que pueden ser algunos de esos abruptos finales, cuando el hartazgo ciudadano llega a límites insospechados, como ocurrió en el 2015, año en que las masivas protestas de miles de indignados guatemaltecos ante la corrupción fueron la mejor muestra de respaldo a los embates de la justicia en contra de una de las administraciones más corruptas en nuestra historia, lo que desencadenó la salida del poder de la pareja gobernante de aquella época.

Sin embargo, existen otros escenarios donde el obstinamiento por el poder de mandatarios desquiciados también hace más traumática la salida y las manifestaciones de repudio no son suficientes para impulsar cambios, como ha ocurrido en Nicaragua, donde una pareja de tiranuelos ha llevado su concepto de gobierno a intolerables expresiones de violencia contra la población.

La represión gubernamental desatada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llegado a niveles de criminalidad, al utilizar la fuerza pública, grupos paramilitares y esbirros del régimen para acallar las protestas, lo cual han logrado a costa de la vida de centenares de nicaragüenses.

Esa brutalidad de las fuerzas de seguridad orteguistas ha rebasado todos los límites tolerables para la comunidad internacional, que debe actuar para frenar el baño de sangre, esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades jurídicas de quienes resulten involucrados en la brutal represión.

La Organización de Estados Americanos, una vez más de manera tardía, integró esta semana una comisión de expertos para investigar los numerosos asesinatos a manos de irracionales agentes del Estado, que hasta ahora han dejado al menos 309 nueve muertos, una cifra inconcebible de víctimas que solo puede explicarse cuando la soberbia del poder llega al total desquiciamiento.

Cuatro especialistas integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y una de las expertas que participará en esas investigaciones es la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, quien junto a investigadores de Italia, Argentina y Perú tienen vía libre para documentar y analizar el elevado número de víctimas mortales a manos de uno de los regímenes más autoritarios de la región y tienen la potestad de reconducir investigaciones para llegar hasta los responsables de esas muertes.

Las investigaciones que ha iniciado ese grupo de expertos independientes merecen el respaldo de la comunidad internacional, porque lo menos que se debe esperar es que se haga justicia ante el desmedido uso de la violencia del ortega-murillismo. Solo un régimen deslegitimado y desesperado puede llegar a niveles incomprensibles de brutalidad, como enviar al aparato represor a matar a más de 300 personas, una cifra inconcebible, cuyos crímenes no deben quedar en la impunidad.