La Corte Internacional de Justicia ha rechazado por 14 votos contra uno el recurso de inadmisibilidad, presentado por Venezuela, de la demanda interpuesta por Guyana solicitando que se confirme la validez del Laudo Arbitral de 1899.

En un poco serio y sibilino comunicado de la cancillería venezolana se afirma que “Venezuela celebra que la sentencia de la Corte valide nuestros argumentos”, tratando evidentemente de confundir a la opinión pública no enterada del tema.

Antes que nada, los venezolanos deberían hacerse la pregunta: ¿cómo es posible que dos secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, y el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia? Los tres interpretaron que el Acuerdo de Ginebra le daba la competencia al secretario general de escoger el medio de solución de la controversia, si no había acuerdo entre las partes. La CIJ siempre ha sido, desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela.

La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. Cuando, a finales del 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana y después de la detención por parte de la Armada venezolana de un barco de exploración sísmica, el gobierno guyanés manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, la negociación bilateral asistida por un representante del secretario general, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al secretario general optar por la CIJ, el gobierno de Maduro insistió negligente y tercamente en continuar con los Buenos Oficios, en cambio, de proponer otro de los medios de solución, como la mediación, por ejemplo.

Ahora que Venezuela tiene hasta abril del 2024 para presentar su “contramemoria” a la demanda de Guyana, la gran mayoría de los juristas especialistas en el tema afirman que debemos prepararnos, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito.

Sin embargo, en el gobierno hay un sector que piensa que lo más conveniente es asumir una “narrativa” ideológica antimperialista acusando a la CIJ de ser un instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON, y rechazar participar en el proceso. Por cierto, “curiosamente” al gobierno siempre se le olvida mencionar que el socio de la EXXON en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal de China, “aliado estratégico” del régimen. Esta posición es de una extrema irresponsabilidad.

La Corte, con o sin la presencia de Venezuela, seguiría el proceso y en unos pocos años dictaría su sentencia que es de obligatorio cumplimiento y no tiene recurso alguno. Además, no hay que olvidar que, después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas, si no hubiese acuerdo entre las partes. Algunos creen también que, si rechazamos participar en el proceso, podríamos lograr que Guyana acepte negociar de nuevo, en el marco del Acuerdo de Ginebra.

En mi opinión, ahora que Guyana ha logrado llevar la controversia a la CIJ, su escenario preferido desde 1966, no tiene ningún interés en negociar hasta tanto la Corte dicte su sentencia. Ojalá que el gobierno escuche las sugerencias de los expertos en el tema.