Haití y la República Dominicana constituyen juntos la isla de La Española. A estos países los unen sus historias de colonialismo, esclavitud, dictaduras e intervenciones militares estadounidenses.

Aunque a veces se han juntado para luchar por la soberanía y la justicia o para hacer frente a las secuelas de los desastres naturales, este legado no ha unido a las dos naciones. A su historia en común la han dividido la xenofobia, la discriminación por el tono de piel y la violencia que han hervido hasta el presente.

En septiembre, el presidente dominicano, Luis Abinader, selló todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas con Haití, con lo cual prohibió el paso de productos y personas y negó todas las visas a los ciudadanos haitianos, como represalia porque considera que Haití incurrió en la construcción ilegal de un canal de riego en el río Masacre, un afluente que comparten. Según el gobierno de Haití, sus agricultores necesitan el agua para cultivar, mientras que Abinader asegura que el canal desviará el agua que necesitan los agricultores dominicanos.

El cierre de fronteras reforzó el peligroso discurso nativista dominicano que han desplegado Abinader y su gobierno como parte de sus intentos por contener la inmigración haitiana. Las aseveraciones de que los haitianos están invadiendo el país han dado lugar a la prohibición del acceso al transporte público para los haitianos, las deportaciones masivas y, al parecer, saqueos de residencias propiedad de haitianos.

El presidente reabrió de manera parcial la frontera al comercio el 11 de octubre. Los haitianos todavía tienen prohibida la entrada en la República Dominicana, incluso para recibir asistencia médica de emergencia.

La zona fronteriza dominicana, conocida como La Línea Fronteriza, se extiende más de 380 kilómetros y alberga una vibrante comunidad interétnica y multicultural de gente de ascendencia haitiana y dominicana.

Muchos habitantes de La Línea tienen familia en ambos lados de la frontera y, hasta que Abinader la cerró, cruzaban a menudo, a veces a diario, para ir a la iglesia, a la escuela o para buscar atención médica. La zona también es un importante centro de comercio para los agricultores y comerciantes dominicanos. La fluidez de la frontera ha sido fundamental para el sustento de las comunidades en ambos lados de la isla desde la época colonial.

Debido a la violencia de las pandillas que domina Haití y a la falta de un gobierno funcional en el país, es crucial abrir la frontera al comercio para los haitianos y quienes los ayudan. La República Dominicana y el resto de la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, deben tomar medidas eficaces y compasivas que puedan ayudar a los haitianos.

A finales del año pasado, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que iba a permitir que más de 100.000 haitianos adicionales solicitaran el estatus de protección temporal, para lo cual citó las extraordinarias condiciones en el país asolado por la crisis. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, extendió el estatus de protección temporal para los haitianos hasta agosto de 2024 y lo rediseñó para que pudieran solicitarlo los ciudadanos haitianos que residían en Estados Unidos desde noviembre de 2022.

Es un paso en la dirección correcta, pero Washington y otros actores pueden y deben hacer más, como detener todas las deportaciones de migrantes haitianos que están escapando de la violencia.

La crisis a lo largo de la frontera dominicana-haitiana es parte de la historia de racismo y xenofobia antihaitianos en la República Dominicana que se institucionalizó durante la dictadura de Rafael Trujillo, de 1930 a 1961, y tiene sus raíces en los proyectos coloniales que amoldaron ambos lados de la isla para que fueran distintos entre sí.

A finales del siglo XVII, la isla se dividió entre España y Francia. En 1822, ambas partes se unieron bajo la bandera haitiana. Sin embargo, un grupo de hombres de la parte hispanoparlante de la isla se movilizó para romper lazos con Haití, en parte para evitar la devastadora deuda con los esclavistas e insertarse en el mercado mundial. Utilizaron las diferencias lingüísticas y culturales para conseguir el apoyo popular.

La República Dominicana se declaró independiente y se separó de Haití, en 1844.

En 1915, Estados Unidos invadió Haití y al año siguiente ocupó toda la isla, donde fundó una guardia nacional y creó un programa de trabajadores que enviaba haitianos a la República Dominicana para trabajar cortando caña en los ingenios de azúcar de propiedad estadounidense.

Cuando los estadounidenses se fueron, Trujillo, a quien habían entrenado los marines estadounidenses durante la ocupación, se convirtió en presidente. El dictador, quien imaginaba una nación no negra, institucionalizó una campaña que representaba a los haitianos como inferiores a nivel cultural y racial. En octubre de 1937, ordenó la masacre de más de 20.000 haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana a lo largo del río que hoy es el centro de la disputa.

En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano emitió un fallo que denegaba retroactivamente la nacionalidad dominicana a cualquier persona nacida después de 1929 que no tuviera al menos un progenitor de ascendencia dominicana. El fallo, conocido como La Sentencia, buscaba controlar la inmigración indocumentada proveniente de Haití. En la práctica, dejó sin patria a unos 200.000 ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

El fallo provocó la ira de la comunidad internacional. En 2014, la República Dominicana ofreció una solución temporal con una ley que, en teoría, ofrece una vía de legalización a quienes despojaron de la ciudadanía el año anterior. Sin embargo, miles de dominicanos de ascendencia haitiana siguen enfrentando deportaciones y abusos contra los derechos humanos como resultado de su estatus legal. Tan solo en 2022, más de 150.000 personas fueron deportadas.

La crisis fronteriza es otro ejemplo de una tendencia mundial en la que las autoridades gubernamentales usan el discurso nativista y nacionalista extremo como un arma para obtener apoyo popular.

En cierto modo, lo que está ocurriendo en la frontera dominicana-haitiana hace eco del retroceso de los derechos civiles básicos en Estados Unidos. En 2013, cuando la República Dominicana emitió La Sentencia y presenciamos un aumento de las deportaciones durante el gobierno de Obama, les imploré a los lectores que reflexionaran sobre el papel de Estados Unidos en la propagación de ideas extremas respecto a la inmigración que se remontaban a Jim Crow y al apartheid. Desde entonces, se han separado a niños de sus padres en la frontera sur, se implementaron prohibiciones de viajes contra los musulmanes y se arrearon a inmigrantes en autobuses para enviarlos a otra parte.

En los años que han pasado desde entonces, he cambiado el optimismo por la vigilancia. Los invito a todos a hacer lo mismo. Si valoran la libertad y la justicia, deben mantenerse alerta, involucrarse, ser conscientes. Al igual que muchos dominicanos, algunos estadounidenses, en particular quienes nos identificamos como negros, morenos o descendientes de inmigrantes, podríamos encontrarnos sin país, de repente ilegales en nuestra propia casa.

* Escritora y académica especializada en las latinidades negras.
c.2023 The New York Times Company