Guatemala ha enfrentado y aún enfrenta grandes retos para garantizar la seguridad ciudadana y una justicia pronta y cumplida. Según encuestas de la Universidad de Vanderbilt en el país, la cantidad de víctimas de algún delito no ha mostrado grandes variaciones en la última década. Cada año, alrededor de una de cada cinco personas es víctima de algún delito. La seguridad ciudadana también está relacionada con la percepción. En 2012, un tercio de la población se sentía insegura en el barrio en donde vivía, cifra que aumentó a la mitad de las personas en el 2018. En el 2021, un 44% de la población se sentía insegura.

A nivel de los delitos, en la última década los homicidios se redujeron, pero las extorsiones aumentaron. Entre 2009 y 2020 la cantidad de homicidios bajó de 6,500 a 2,500, correspondiendo a tasas de 46 y 15 por cien mil habitantes. Sin embargo, en los últimos dos años aumentaron y en 2022 se registraron 3,004 homicidios; correspondiendo a una tasa de 17.3 por cien mil habitantes.

En el caso de las extorsiones, entre 2015 y 2019 las denuncias pasaron de 5,000 a 14,700. En el 2022 se registró una cifra similar a la del 2019, lo cual demuestra que los enfoques y los esfuerzos para reducir este delito han sido insuficientes. Hay que tomar en cuenta que los datos corresponden solo a los delitos denunciados. Según la encuesta de victimización realizada por el Ministerio de Gobernación en el 2018, las personas denuncian solo una de cada tres extorsiones.

Los desafíos que enfrenta el país para mejorar la seguridad ciudadana y proveer justicia aún son grandes. Las soluciones se deben enfocar en mejorar los indicadores de seguridad y justicia y la percepción de seguridad de la población. Para ello se necesitan distintos tipos de intervenciones, que van desde la prevención del delito hasta retomar el control de las cárceles.

En primer lugar, se necesita implementar programas de prevención del delito que han demostrado efectividad. En los últimos 50 años se ha generado a nivel internacional mucha evidencia sobre los programas que funcionan. En su aplicación a nivel nacional es necesario evaluar su impacto. Para ello se requieren encuestas de victimización de manera periódica para monitorear las tasas de victimización por delito y las cifras de no denuncia.

En la Policía Nacional Civil es necesario mejorar la formación de los agentes y fortalecer los controles internos para que la institución cuente con un programa de depuración continua. El reclutamiento de nuevos agentes debe rediseñarse con perfiles específicos, formación que debe perfeccionarse en el servicio a medida que los agentes ascienden en la escala jerárquica.

Como tercer punto, es urgente retomar el control de las cárceles. Para ello es necesario reducir el hacinamiento por medio de dos acciones: 1) construir infraestructura penitenciaria, la cual no ha tenido una ampliación significativa en los últimos 20 años; y 2) otorgar medidas sustitutivas a la prisión, como la aplicación de la ley del control telemático en el proceso penal. En el fondo se requiere cambiar el actual sistema por un nuevo modelo de gestión penitenciaria enfocado en la rehabilitación de los privados de libertad, que las cárceles no tengan hacinamiento y que los reclusos estén separados por perfiles.

Por último, la mejora de la justicia requiere de sistemas ágiles de información. En el corto plazo se sugiere implementar un tablero de indicadores para la toma de decisiones estratégicas. En el largo plazo, digitalizar las instituciones de seguridad y justicia a fin de que los sistemas de información puedan comunicarse entre sí y haya un identificador de caso único, con el cual se pueda dar seguimiento desde que se hace una denuncia hasta su culminación en el proceso penal.