Las elecciones regionales del 21N no son ni libres ni transparentes, no existen las garantías mínimas de pulcritud normales en una democracia. Buena parte de los líderes democráticos están presos, exilados o inhabilitados, los símbolos y los bienes de muchos partidos de oposición han sido robados y entregados por el Tribunal Supremo madurista a los “opositores” llamados “alacranes”, que se vendieron al régimen por un “puñado de dólares”. El árbitro electoral (CNE) fue nombrado por la asamblea ilegítima del 2020, con dos miembros muy respetables y capaces de la oposición. Pero esto no es una novedad, en el 2004 también se nombró un CNE con tres chavistas y dos opositores. La mayoría decidió todo y los dos renunciaron.
Los objetivos del régimen son profundizar la división de la oposición y proyectar una imagen “aperturista” frente a la comunidad internacional. Por eso también ha aceptado, por primera vez desde 2006, las tres condiciones básicas para que la Unión Europea envíe una Misión de Observación Electoral (MOE): libertad de movimiento, libertad de declaración y poder hacer los informes públicos. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrel, declaró: “La MOE llevará a cabo una evaluación técnica independiente de todos los aspectos del proceso electoral y propondrá recomendaciones para mejorar las elecciones futuras.

Creo que este trabajo puede ser una contribución importante para apoyar una solución pacífica y de pertenencia venezolana a la crisis y un camino hacia elecciones creíbles, inclusivas y transparentes como resultado”. Por tanto, si es solo “un camino hacia”, la UE está reconociendo que actualmente no hay elecciones creíbles, inclusivas y transparentes. La MOE no legitima el evento electoral del 21 N. Es muy probable que el régimen buscará jugar lo más limpio posible para obtener un informe favorable de la MOE, sobre todo porque sabe que la división entre participacionistas y abstencionistas, y más aún la torpe falta de unidad en las candidaturas de la oposición, le anticipan un resultado no desfavorable. Además, para el régimen no sería nada grave entregar algunas gobernaciones y alcaldías. Como en el pasado, el régimen siempre le puede quitar el presupuesto, las oficinas y, además, nombrarle un ”protector”.

La presión externa sobre el régimen de la comunidad democrática internacional es indispensable, pero no suficiente, falta la presión interna. Es fundamental reactivar la movilización de la mayoría democrática del país. Abstencionistas y participacionistas deberían entender que hay que aprovechar la campaña electoral para la necesaria movilización, entusiasmar una oposición desmotivada, organizar y aceitar las maquinarias de los partidos, crear y/o fortalecer liderazgos. También la campaña sirve para protestar y exigir las condiciones y el calendario para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y observables por la comunidad internacional. Los cargos que se puedan obtener no son inútiles, pero secundarios. Es ya un hecho que la mayoría de la oposición democrática ha decidido participar; además, la presencia de la MOE fortalecerá esa mayoría.

A los abstencionistas les recuerdo que el mal mayor sería la actitud castrante de quedarse sin hacer nada, con el único resultado de fomentar aún más la desmoralización, la desmotivación y el exilio voluntario. Los participacionistas deberían entender que la falta de unidad en las candidaturas, parafraseando a Talleyrand, sería una solemne y suprema estupidez, pero sobre todo un crimen. El pueblo y la Historia no los absolverán.