El 1 de mayo se conoce ampliamente como el Día del Trabajo, el día en el que conmemoramos la aportación de los trabajadores de todo el mundo. Es una ocasión para el orgullo, la celebración y la esperanza.

Es particularmente necesario tres años después de la crisis de la COVID-19, a la que ha seguido una coyuntura de inflación, conflictos y crisis de abastecimiento de alimentos y combustible. No obstante, las promesas de renovación y de “reconstruir mejor” realizadas durante la pandemia no se han cumplido hasta ahora para la gran mayoría de trabajadores de todo el mundo.

A escala mundial, los salarios reales han disminuido sustancialmente, la pobreza es cada vez mayor y la disparidad parece estar más arraigada que nunca.

Las empresas se han visto afectadas de forma muy adversa. Muchas no han podido afrontar los efectos acumulados provocados por los recientes sucesos. Las pequeñas empresas y las microempresas se han visto particularmente afectadas, y muchas han tenido que cerrar.

Muchas personas también consideran que sus sacrificios para hacer frente a la COVID-19 no se han visto reconocidos, y mucho menos recompensados. Estiman que sus voces no se escuchan lo suficiente. Esta situación, unida a la percepción de falta de oportunidades, ha dado lugar a una inquietante desconfianza.

Esto no tendría por qué ser así. Seguimos siendo dueños de nuestro destino. Pero si queremos forjar un mundo nuevo, más estable y equitativo, debemos escoger una vía diferente. Una opción que confiera prioridad a la justicia social.

Creo que esto no sólo es viable, sino primordial para fomentar un futuro sostenible y estable. Pero ¿Cómo lo lograremos?

En primer lugar, nuestras políticas y acciones deben centrarse en las personas, con objeto de propugnar su bienestar material y su desarrollo espiritual en una coyuntura de libertad y dignidad, seguridad económica e igualdad de oportunidades. Este enfoque no es nuevo, se estableció y acordó después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Declaración de Filadelfia suscrita en 1944 por los miembros de la OIT.

En ese documento visionario se establecieron los principios rectores de nuestros sistemas económicos y sociales, no para orientarlos exclusivamente a fomentar tasas de crecimiento específicas u otros objetivos estadísticos, sino para atender las necesidades y las aspiraciones de las personas. Ello conlleva, en particular, abordar la desigualdad, mitigar la pobreza y fomentar una protección social básica. La forma más eficaz de lograrlo es proporcionar empleo de calidad para que las personas puedan subsistir por sí mismas y forjar su propio futuro, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 sobre “trabajo decente para todos”.

Esto significa afrontar de manera realista las transformaciones estructurales a largo plazo: garantizar que las nuevas tecnologías contribuyan a crear y promover el empleo; hacer frente de forma eficaz a los retos que plantea el cambio climático y ofrecer el trabajo, la formación profesional y el apoyo necesarios para facilitar la transición, con objeto de que los trabajadores y las empresas puedan beneficiarse de una nueva coyuntura con bajas emisiones de carbono; y, por último, considerar la transformación demográfica como un “dividendo” en lugar de un problema, mediante la adopción de medidas de apoyo que abarquen la calificación, la migración y la protección social, a fin de crear sociedades más cohesionadas y resilientes.

También debemos volver a evaluar la estructura de nuestros sistemas sociales y económicos a fin de facilitar este nuevo enfoque, fomentar la justicia social y evitar un “círculo vicioso” de desigualdad e inestabilidad. Debemos fortalecer las instituciones y organizaciones del trabajo para que el diálogo social sea eficaz y cohesionado. Y es necesario revisar las legislaciones y normativas que afectan al mundo del trabajo, para que sean pertinentes y estén al día, con miras a proteger a los trabajadores y fomentar las empresas sostenibles.

Para hacer que esto ocurra, debemos comprometernos de nuevo con la cooperación y la solidaridad internacionales. Debemos redoblar nuestros esfuerzos y propugnar una mayor coherencia política, en particular en el marco del sistema multilateral, a tenor de lo señalado por Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Por eso necesitamos una Coalición Mundial por la Justicia Social. La Coalición permitirá la creación de una plataforma que facilite la colaboración de un amplio conjunto de organismos internacionales y partes interesadas. Propugnará la justicia social como elemento fundamental para propiciar la recuperación a escala mundial y le dará la prioridad necesaria en el marco de las políticas y acciones a escalas nacional, regional y mundial. Esto nos permitirá forjar un futuro centrado en las personas.

Tenemos la oportunidad de transformar el mundo en el que vivimos en los planos económico, social y medioambiental. Aprovechemos esa oportunidad para avanzar en la creación de sociedades equitativas y resilientes que promuevan la paz y la justicia social a largo plazo.

Director General de la Organización Internacional del Trabajo