Casi no hay nada en el texto de la Constitución de Estados Unidos que siquiera apoye remotamente el argumento de defensa más atrevido del expresidente Donald Trump contra el cargo de que conspiró para anular las elecciones de 2020: que cuenta con inmunidad absoluta contra cualquier acusación por acciones emprendidas mientras ocupaba el cargo.

La siguiente semana, un tribunal federal de apelaciones evaluará los fundamentos expuestos en los alegatos, y el panel considerará factores como la historia, los precedentes y la división de poderes. Sin embargo, como ya ha reconocido la Corte Suprema, la Constitución en sí misma no aborda de manera explícita el tema de la existencia o el alcance de la inmunidad presidencial.

En su escrito de interposición, Trump señala que el análisis incluyó una disposición constitucional, aunque su argumento no tiene muchos fundamentos legales. Tal disposición, la cláusula relativa al caso de una sentencia por juicio político (llamado “impeachment”), estipula que los funcionarios sometidos a juicio político por la Cámara de Representantes y declarados culpables por el Senado todavía pueden quedar sujetos a un procedimiento de lo penal.

El texto de la disposición indica: “La sentencia en casos de ‘impeachment’ no tendrá mayor alcance que el retiro del cargo y la descalificación para desempeñar cualquier función pública prevista en Estados Unidos; no obstante, la parte declarada culpable tendrá responsabilidad legal y estará sujeta a acusaciones formales, juicios, sentencias y sanciones según la ley”.

Entonces, lo que esta cláusula quiere decir con todas esas palabras es que “la parte declarada culpable” en el Senado todavía puede estar sujeta a un procedimiento penal. Sin embargo, Trump argumenta que las implicaciones de esta cláusula van más allá.

La cláusula “presupone que un presidente no declarado culpable no puede quedar sujeto a un procedimiento penal”, concluye el documento de Trump.

Una opinión “amicus curiae” de exfuncionarios del gobierno destaca que la postura de Trump tiene “consecuencias de gran alcance y absurdas”, además de resaltar que muchos funcionarios pueden quedar sujetos a un procedimiento de “impeachment”.

“Según la interpretación del acusado”, explica el documento, “el ejecutivo no contaría con facultades para iniciar procedimientos legales contra funcionarios civiles en activo y retirados por actos cometidos en el ejercicio de las funciones de su puesto a menos que el Congreso primero iniciara un juicio político en su contra y los declarara culpables. Eso permitiría que un sinnúmero de funcionarios evadiera responsabilidad en lo penal”.

Trump también presentó un argumento menos amplio, pero de cualquier manera audaz: “Un presidente absuelto por el Senado no puede ser sujeto a un procedimiento legal por la conducta de la que se le absolvió”.

Por supuesto, en su segundo juicio político, Trump fue absuelto del cargo de haber incitado una insurrección, cuando 57 senadores votaron en su contra, 10 menos de la mayoría de dos terceras partes necesaria para declararlo culpable.

La idea de que la absolución de un “impeachment” confiera inmunidad de todo procedimiento legal puede ser una sorpresa para algunos de los que intervinieron en la absolución.

Por ejemplo, el senador Mitch McConnell, líder republicano de Kentucky, que votó a favor de la absolución. Poco después, en un discurso exaltado durante las deliberaciones del Senado, aseveró que el sistema legal todavía podía pedirle cuentas a Trump.

“Contamos con un sistema de justicia penal en este país”, subrayó McConnell. “Contamos con juicios civiles. Y los expresidentes no cuentan con inmunidad, por lo que a cualquiera de ellos se le puede exigir que rinda cuentas”.

Eso sugiere que la interpretación que Trump le ha dado a la cláusula no es evidente en absoluto, pero el Departamento de Justicia ha indicado que no es totalmente imposible. En 2000, su Oficina de Asesoría Legal emitió un memorando de 46 páginas dedicado precisamente a esta pregunta. El título del documento era: “Sobre si un expresidente puede ser acusado y enjuiciado por las mismas transgresiones que motivaron un juicio político ante la Cámara de Representantes si fue absuelto por el Senado”.

El argumento según el cual ese tipo de procedimientos entran en conflicto con la Constitución “tiene cierto fundamento”, según el memorando, que fue preparado por Randolph Moss, quien en la actualidad se desempeña como juez federal. No obstante, prosigue, “a pesar de ser posible en principio, consideramos que esta interpretación de la cláusula relativa a la sentencia de un juicio político a fin de cuentas carece de sustento convincente”.

Además, añade: “Desconocemos que exista evidencia alguna que sugiera que cuando los artífices y ratificadores de la Constitución eligieron la frase ‘la parte declarada culpable’ hayan tenido en mente una inferencia negativa”.

Más al punto, el memorando señala que el “’impeachment’ y el procedimiento penal tienen fines totalmente distintos”. Los procedimientos del juicio político involucran sentencias de tipo político. Los juicios del ámbito penal implican sentencias legales.

En un documento presentado el sábado, el fiscal especial Jack Smith escribió que “una absolución otorgada en relación con un ‘impeachment’ ante el Senado puede reflejar una determinación técnica o de procedimiento y no una conclusión de hecho”. El documento indica que por lo menos 31 de los 43 senadores que votaron a favor de absolver a Trump en el juicio político explicaron que lo habían hecho por lo menos en parte porque ya no ocupaba el cargo, por lo que ya no estaba sujeto a la jurisdicción del Senado.

La interpretación que le da Trump a la disposición “produciría resultados sin ninguna lógica”, escribió el mes pasado la jueza Tanya Chutkan, encargada de supervisar su juicio ante el Tribunal Federal de Distrito en Washington, en una decisión que negó que Trump gozara de inmunidad absoluta como sostiene.

Chutkan hizo notar que la Constitución permite el juicio político para un conjunto limitado de infracciones (“traición, soborno u otros delitos graves o menores”).

Según Trump, escribió Chutkan, “si un presidente comete un delito que no quede dentro de esa categoría limitada y, por lo tanto, no puede ser sujeto a juicio político y declarado culpable, ese presidente nunca podría estar sujeto a un procedimiento legal por ese delito”.

“O en otro caso”, prosiguió, “si el Congreso no tiene la oportunidad de realizar un juicio político o declarar culpable a un presidente en funciones (por ejemplo, si el delito ocurre cerca del fin de su mandato o se encubre hasta después de que el presidente abandona el cargo), ese expresidente tampoco podría quedar sujeto a un procedimiento legal”.

Chutkan añadió que, según la interpretación de Trump, el presidente Gerald Ford no habría tenido que indultar al expresidente Richard Nixon, quien renunció cuando aumentaron las voces a favor de someterlo a juicio político por su papel en el escándalo de Watergate.