De poco. Poco más que para mejorar la percepción de que se está haciendo algo, aunque en el fondo no esté sucediendo nada que cambie las condiciones que alimentan la criminalidad.

Esto se puede ilustrar con el siguiente hecho: a pesar de que el ejecutivo declaró Estado de Prevención en algunos municipios, cuando este terminó, la criminalidad se mantuvo y no hubo cambios sustantivos de largo plazo. Dos casos lo ejemplifican: 1) En días recientes en San Juan Sacatepéquez, hubo un ataque, que se supone fue realizado por personas que hacen patrullajes ilegales de seguridad en el lugar, contra investigadores de la policía. Una acción de largo plazo debió haber considerado el desmantelamiento inmediato de estas estructuras criminales que mantienen en zozobra a la población. 2) En Nueva Concepción, Escuintla, municipio que ha estado entre los primeros cinco con las tasas más altas de homicidios en los últimos diez años, hubo un ataque armado con saldo de varias personas fallecidas pocos días después de finalizada la intervención de las fuerzas de seguridad.

El problema es que se cree que con disposiciones temporales se pueden cambiar la situación porque hay una relación causa-efecto directa entre una nueva legislación y tales disposiciones con una mejor seguridad. Antes, hay algunas preguntas que hacerse: ¿Las intervenciones abordan el problema en el largo plazo y son sostenibles en el tiempo? ¿Son necesarias nuevas leyes? Dada la normativa actual, ¿qué impide realizar acciones que redunden en una mejor seguridad? ¿Qué otras acciones deben implementarse y cómo se debería abordar el fenómeno criminal?

Cuando se analiza la criminalidad, esta puede provenir de diferentes grupos: el crimen común, el crimen organizado, las pandillas, grupos de vigilancia ilegales, etc. ¿Qué porcentaje puede atribuírsele a las pandillas? Según un estudio del 2016, en un área con alta dominación de las pandillas en Guatemala, estas podrían vincularse con casi el 40% de los homicidios, pero ¿qué pasa con la mayoría de áreas del territorio nacional en el que las pandillas no tienen el control que logran en ciertas áreas urbanas? Probablemente la cantidad de homicidios y otro tipo de criminalidad que pueda atribuírsele a estos grupos sea mínima. El mismo estudio mostraba que en un área del oriente del país, en donde se tiene conocimiento que es un corredor del narcotráfico, el 30% de los homicidios se podría vincular al crimen organizado.

En El Salvador cuando se declararon a los pandilleros como terroristas lo único que se logró fue capturas masivas que sirvieron de poco. En dos años hubo 31 mil personas capturadas, pero el 84% de estas fueron liberados por falta de pruebas. Además, esta medida solo saturó aún más el sistema judicial y las cárceles y fortalecieron las pandillas adentro de estas. ¿De qué sirve que haya tantas capturas si al final los criminales siguen cometiendo delitos desde las cárceles? Debe hacerse efectivo el control de las cárceles por parte del estado, lo cual implica el bloqueo de la señal telefónica, a fin de anular a las cárceles como generadoras de criminalidad.

Todo lo que pretende la ley en discusión en el Congreso se podría lograr hoy mismo con la aplicación efectiva de la Ley contra la Delincuencia Organizada, vigente desde el 2006. Lo demás que sobre ello se legisle abre la puerta a la comisión de arbitrariedades como la detención de jóvenes solo porque “parecen” pandilleros, solo porque viven en algún sector considerado como “zona roja”, porque tienen tatuajes o solo porque sí, porque la Policía se ponga de meta un cierto número de capturas mensuales. ¿Con qué objetivo? Nada más que criminalizar a un grupo de la población del país.

Creer que solo con declarar a los pandilleros como terroristas se va a reducir la criminalidad en el país es auto engañarse, debe considerarse además el actuar de otros grupos criminales y en el caso específico de las pandillas, implementar acciones más allá de la persecución penal. Es decir, acciones de prevención para los jóvenes en riesgo en las áreas con presencia de pandillas y acciones de rehabilitación en las cárceles para quienes estén dispuestos a no volver a delinquir.