A un mes de la toma de posesión del gobierno de Semilla, la crisis “parece” estarse aclarando. El MP mantiene una calma aparente y no ha presentado ningún proceso adicional en contra de Semilla o del TSE. Por supuesto, el partido está suspendido por irregularidades en su inscripción original y varios magistrados del TSE están bajo investigación por dudas en la compra del sistema Trep.

El MP realizó allanamientos con secuestro de cajas de votos y de actas electorales dignos de la mejor película de Hollywood. Sin embargo, aún no presenta ninguna conclusión de las investigaciones realizadas en torno a las elecciones. Su interés es la compra del sistema Trep y ello no afecta los resultados del proceso de elecciones 2023.

El congreso, luego de aprobar el presupuesto que encadena a la siguiente administración, parece que se ha tomado un descanso y se abstiene de proceder en contra de los diputados de Semilla por la suspensión del partido. Las dudas provocadas por la tardía renuncia del presidente electo al partido parecen también haberse disipado. Incluso el Ejecutivo ha dado por concluido el proceso de transición. Aparentemente, ya no hay ningún contratiempo y se espera que el cambio de mando se realice con tranquilidad el 14 de enero.

Sin embargo, tenemos las posibles sanciones internacionales promovidas por la OEA por amenazas a la democracia, debido a las acciones del MP. Afortunadamente, todo indica que no hay procedimiento legal apegado a la ley que interrumpa la institucionalidad del país. Entonces, si el motivo de ataques a la democracia ya no es válido, ¿por qué nos quieren sancionar? De igual manera, el presidente Arévalo hizo un llamado para realizar el 7 de diciembre una marcha en defensa de la democracia y la verdad. Se le unieron los excandidatos Edmond Mulet y Roberto Arzú. De seguro los demás excandidatos interpretan que, en función de los últimos acontecimientos, nuestra democracia ya no está amenazada. Entonces ¿por qué realizar una marcha para defenderla? ¿Y respecto a la verdad, según quién?

Hubiese hecho mayor sentido manifestar para solicitar el veto presidencial al terrible presupuesto aprobado por el Congreso. También hubiese sido una buena oportunidad para manifestar en contra de la corrupción y exigir que el MP investigue, por ejemplo, lo sucedido en el Congreso para lograr la condena a los magistrados del TSE. Es una entre muchas otras denuncias de corrupción. El que no investigue deja un sabor amargo similar al provocado por una justicia selectiva. Quizás nuestra brújula ha perdido el norte y por ello manifestamos por asuntos que ya no tienen relevancia.

Guatemala necesita una casta nueva de políticos. No podemos seguir eligiendo a los mismos que se han instalado en el Congreso y las municipalidades, porque solo buscan su propio beneficio. Nuestra Guatemala requiere de políticos íntegros, honestos y que antepongan el bienestar de la población y el desarrollo del país a sus beneficios económicos. Lamentablemente, casi ninguno de los políticos activos actualmente tiene esas características y quizás debamos retroceder hasta la administración del presidente Juan José Arévalo (1945-1951) para encontrarlos. Por supuesto, tuvimos un buen reinicio con el “gabinete técnico” del presidente Cerezo. Lamentablemente, ninguno de esos ministros concluyó el período presidencial. No es de extrañar, entonces, que, luego de casi 40 años de democracia, sigamos siendo un país subdesarrollado, con un pésimo sistema educativo y de salud. Ahora con el agravante de que los tres poderes del Estado están totalmente cooptados por la corrupción.

En el 2023 votamos por el cambio, ojalá se concrete y no siga la corrupción.