Los intentos por combatir la corrupción los hemos percibido desde las acciones que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) llevaron a cabo juntos en los últimos años. Aún sin la existencia de la Comisión, los guatemaltecos esperaríamos que el MP continúe investigando los posibles casos de corrupción y que con pruebas contundentes los presenten a los tribunales, para su enjuiciamiento y eventual condena.

Sin embargo, la tarea del combate de la corrupción no se limita al accionar del MP y de los tribunales de justicia; también es tarea del Organismo Ejecutivo. Cuando observamos año tras año cómo se expande el gasto público por el uso arbitrario del poder, o cuando observamos cómo se utiliza el gasto público en acciones o inversiones sin sentido, aumenta la percepción (y también la realidad) de que se cuenta con un Estado gestor que ha caído en la corrupción y en prácticas poco transparentes, teniendo como resultado servicios públicos inexistentes o poco eficientes, y muy caros. El resultado que se obtiene es la poca credibilidad en la institucionalidad pública con percepción de excesos, ineficiencia, corrupción, no transparente.

Por lo que el nuevo presidente del Organismo Ejecutivo podría liderar el inicio de un cambio profundo de los macrosistemas, que permita alejarse de las malas y enraizadas prácticas corruptas y darle un nuevo sentido a la administración pública. Más allá de reducir el número de pasos en los trámites públicos, o la utilización de tecnología para migrar de sistemas escritos impresos a digitales, se debe pensar con seriedad en la transformación del sistema de contratación de personal y en un nuevo modelo de adquisición de bienes y servicios, entre otros. Si bien ambos cuentan con normas y reglamentos que los hacen operativos, con códigos de ética, normas de calidad, tecnología, ello no garantiza que se cuente con sistemas que impiden la corrupción.

El recurso humano es crítico para la eficiencia de la gestión pública. Algunas ideas para empezar a cerrar los focos de corrupción que genera el actual sistema podrían ser crear y sacar a concurso puestos gerenciales y otros cada cinco o seis años, descentralizar procesos de nombramiento, flexibilizar procesos de remuneración, crear y aplicar eficientes sistemas de evaluación y privilegiar el mérito antes que antigüedad en el puesto. Sin duda serían pasos concretos hacia la construcción de la carrera civil. Por lo que es importante repensar y contar con un nuevo perfil del puesto y con nuevos y actualizados requisitos que debe cumplir la persona nombrada como director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para que diseñe la estrategia del cambio con vistas a mejorar la calidad del personal en la administración pública en el mediano y largo plazo. También es importante abordar en definitiva un cambio en el modelo de adquisiciones públicas, el cual a la fecha se basa en el cumplimiento de requisitos legales, pero que aún facilita actos contrarios a la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Algunas ideas para liderar el cambio sería desarrollar un nuevo modelo concentrado en el usuario del sistema de adquisiciones, en los resultados y en la rendición de cuentas. Partiendo de la autoevaluación gubernamental del sistema de adquisiciones y contrataciones, sus resultados, y de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, podría generarse la plataforma para definir un nuevo sistema de adquisiciones públicas con énfasis gerencial, y de la normativa necesaria para establecer las reglas claras que el sistema requiere.
Necesitamos funcionarios públicos que comprendan la necesidad de gestionar cambios en pro de la eficiencia y para el combate de la corrupción.

* Investigadora asociada al Cien