Leyendo un artículo sobre Charles Shumpeter me recordó cuán atinados son los argumentos del capitalismo y cuán extraviados son los argumentos económicos contrarios. En su clásico Capitalismo, Socialismo y Democracia, escrito en 1942, Shumpeter critica la teoría clásica de la democracia, por falaz y simplista, y sostiene que es imposible la conciliación de disímiles intereses en un solo bien común y mucho menos que se articulen en una voluntad general que pueda ser fácilmente interpretada por los representantes políticos.

Extrapolando dicho pensamiento a las riberas de nuestro patrio solar, inferimos la verdad de dicha afirmación por ser contundente y realista. Así es nuestra democracia: un bolsón opaco de intereses de todos tipos moviendo los hilos de marionetas infiltradas en el sistema. Una especie de metástasis cancerosa de la cual nada se escapa. Algunos señalan que son las elites empresariales las responsables del descalabro. Otros, a nuestra clase política, que más que clase política son especímenes zoopolíticos con un lamentable ADN politiquero de inclinaciones perversas y ambiciones insaciables. Y luego está la clase burocrática, que administra la cosa pública, toda una isla comandada por elites sindicales desviadas de su verdadera razón de ser, enfocadas en demandas y reivindicaciones absurdas verdaderamente retorcidas, nadando en la ineficiencia, la pereza y el desgano, radicalmente opuestos a la aprobación de la Ley de Servicio Civil, cuyo nacimiento los desarmaría.

Contra esa corriente lucha el sector empresarial —pequeños, medianos y grandes. Y por supuesto, el pueblo. Obligado a hacer largas colas para tramitar cosas tan simples como antecedentes penales —vendidos a Q50 el tiro—, pagos de impuestos, atención hospitalaria y tantos otros trámites producto de haberle otorgado ese nefasto poder discrecional al burócrata, generando un sistema alejado por completo del bien común.

Y por último están las llamadas organizaciones de la sociedad civil, una amalgama de oenegés que, en conjunción con organizaciones de campesinos contestarías —dizque representando a los campesinos y comandadas por exguerrilleros— toman carreteras, invaden fincas, paralizan grandes inversiones, oponiéndose a la construcción de hidroeléctricas y a la explotación minera, con argumentos baladíes, tomando como excusa la demanda de las llamadas consultas populares, a las cuales mañosamente se oponen cuando se llevan a cabo en forma secreta y no a mano alzada.

El 14 por ciento de la energía renovable del mundo proviene de hidroeléctricas —y sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. La energía renovable es idolatrada por las organizaciones ambientales de otros países. Pero en Guatemala ya se han cerrado dos hidroeléctricas y hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los argumentos para oponerse a tan valiosos y estratégicos proyectos de inversión a largo plazo, más que una intencionalidad política cuya raíz radica en las gananciales del conflicto mismo.

Más de 121 países alrededor del mundo explotan sus riquezas minerales: Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Canadá, Estados Unidos, para mencionar solo algunos, pero en Guatemala hay una “moratoria” indefinida porque a la oposición contestataria no le gusta la minería porque están en sus “territorios” y “la minería no se puede hacer bien…”.

Tampoco dejan que se abra la carretera que Cementos Progreso construyó con sus propios recursos. Una carretera de 15 kilómetros, con una inversión de $60 millones, necesaria para tener acceso a la nueva planta de San Gabriel, mientras que el Gobierno iniciaba la construcción del resto de lo que se llama “arco norte”, que conectaría los municipios de Sanarate con San Juan Sacatepéquez, un arco de 70 km aproximadamente. Más de tres mil camiones dejarían de tener necesidad de atravesar la ciudad de Guatemala para transitar de oriente a occidente. Pero sigue parada…

Y para mientras, que entren los mejicanos con su mano de obra barata, un peso devaluado y toneladas de productos para vendernos de contrabando y hasta pagando impuestos.

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