Cada desastre, sea natural o político, incrementa  la vulnerabilidad en los países de Centroamérica, y uno de sus primeros efectos es el aumento en  los  desplazamientos humanos, rebasando incluso  fronteras, principalmente hacia el norte del continente, porque acá las pérdidas de vidas humanas, bienes, propiedades y bienestar no encuentran la respuesta adecuada, como ha ocurrido  a partir de potentes movimientos telúricos o el paso de   tormentas devastadoras.

Ese constante flujo de personas, por muchas otras causas, entre ellas la violencia, la falta de empleo o de oportunidades para alcanzar una vida digna, ha llevado a extremos incomprensibles la respuesta de gobiernos como el de Estados Unidos, como la reciente promulgación de un decreto presidencial de tolerancia cero a la inmigración, el cual ante la indignación mundial fue derogado.

La semana anterior, en el marco del segundo coloquio entre la Santa Sede y México, el papa Francisco hizo un llamado al mundo para tener el “valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y muda que agrava la situación de desamparo de los migrantes”.

El Papa llama a dar una respuesta digna a ese desafío humanitario, el cual involucra a autoridades y poblaciones de numerosos países, como se observa con la llegada de barcos cargados de africanos a las costas europeas, en búsqueda de ayuda, o con la muerte de migrantes latinoamericanos en territorio estadounidense a manos de guardias fronterizos o en separos policiales.

El llamado del Sumo Pontífice insiste en poner atención a las miles de personas que huyen de la precariedad o la violencia, atendiendo el recorrido desde los países de origen, destino y aún la respuesta gubernamental desde las naciones expulsoras, las cuales, en el caso centroamericano, han alcanzado niveles de dramatismo nunca antes vistos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Guatemala y Honduras tienen dos casos dramáticos que hacen necesaria la revisión de esas respuestas ante el clamor de quienes tocan las puertas de su frontera. Hace poco menos de un mes, guardias fronterizos de Laredo dieron muerte, de un disparo en la cabeza, a la migrante guatemalteca Claudia Patricia Gómez González, originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, quien se había graduado de perito contador en el 2016, pero al no encontrar trabajo intentó buscar otro destino.

El 11 de mayo, el hondureño Marco Antonio Muñoz intentó ingresar en Estados Unidos, y fue detenido junto a su esposa y su hijo de 3 años, de quienes fue separado y conducido a una prisión, donde a los pocos días apareció muerto en una de las celdas, en un aparente caso de suicidio.

Esta semana el problema alcanzó dimensiones de escándalo mundial cuando se conocieron imágenes y videograbaciones del indignante trato dado por las autoridades migratorias de Estados Unidos a miles de menores, quienes fueron separados de sus padres y tratados como delincuentes peligrosos, lo que desató la mayor ola de indignación mundial contra la administración de Trump.