Cómo nos suele suceder a los periodistas que hemos escrito por décadas, es imposible no repetir la misma posición sobre determinados temas cuyo abordaje sobrepasa las coyunturas y se vuelve agenda permanente pendiente.

De la “protesta sin propuesta” escribí en mayo del año pasado cuando se estaban discutiendo las reformas constitucionales, “que no se ose plantear el concepto, el argumento, la idea contraria, porque, o eres brujo del monte, miembro de la oligarquía de Salem, blasfemo y adepto de las herejías inconfesables, o un comunista con vasos comunicantes directos con los tiranos bolivarianos del siglo veintiuno, veintidós y veintitrés. Hoy estamos en la misma polarización. De la protesta, solo ha cambiado el verbo de “protestar a perseguir” sin proponer.

Y la maña —que más que maña es un constructo ético político anormal— de meter a todos dentro de un mismo saco, sigue haciéndose presente. Si uno por allá dice algo, todos lo dijeron y el argumento se hace viral en las redes. Los gritos se consignan a la misma garganta y el remitente se convirtió en voz grupal, aunque el comentario sea una crasa impertinencia. Hace poco se jactaron de haber podido eliminar mediante quejas la cuenta de un conocido tuitero señalado de ser jefe de un netcenter, a pesar de que existen innumerables cuentas y netcenters de twitter con seudónimos de ese mismo lado de la manada. ¿Entonces? ¿Dónde queda Voltaire con su “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo…”?

Se perdió el debate y se convirtió en pleito de locatarias: “Comunistas relamidos, oenegeros mercenarios, izquierdosos asquerosos…. Fascistas oligárquicos, empresarios corruptos, radicales de la extrema derecha, amigos del status quo”. La lista es larga y tediosa. El resultado, una polarización frívola y visceral.

La corrupción es un problema sistémico y cultural. Los sistemas no funcionan en la mayoría de las instituciones del Estado. Para mayor preocupación, ahora la Corte de Constitucionalidad ha tomado una posición “anticonstitucional”, violando los derechos de la propia Carta Magna, irrespetando tiempos procesales, poniendo en riesgo el patrimonio de inversiones nacionales y extranjeras; abriéndose a la vulnerabilidad interna, permitiendo que los audios de sus deliberaciones, privadas —que eran de suyo— absolutamente confidenciales, fuesen públicas. La lista de anomalías crece cada día. No extrañaría que le dieran trámite favorable a un amparo interpuesto por un conocido abogado activista en el cual pretende que se aperciba al Congreso para que no tome ninguna determinación que pueda afectar el mandato de la Cicig, amparo notoriamente improcedente, porque la misma CC ya indicó que conforme al artículo 12 del convenio, corresponde al Ejecutivo y a Naciones Unidas resolver cualquier controversia sobre el mandato. Todas estas actuaciones de la CC las señalan connotados juristas constitucionalistas.

Una fuerza enfatizando los pactos de corruptos con un discurso lineal de combatir la “pistocracia y la cleptocracia” con un enfoque carcelario, es decir, los efectos, en vez de presionar propuestas para eliminar las causas sistémicas inmersas en todo el aparato gubernamental. De este lado del río, los que aplaudimos el combate de la corrupción, pero enfatizando la aprobación de leyes anticorrupción (Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Servicio Civil, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos —demandando el voto uninominal—, entre otras). Sin esas leyes y sin la reforma al sistema de justicia, que tiene una presa de 17 mil audiencias. En al menos dos casos conocidos por mí, la joven madre de dos niños tiene programada su audiencia para enero 2019 y ya lleva un año en prisión preventiva.

Esto ya suena a letanía, pero hay que insistir.

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