Miles de organizaciones humanitarias, académicas, religiosas, políticas, y personas individuales, en EE. UU. y el mundo, libraron una auténtica batalla campal, política y legal, en contra del estúpido, precipitado, desorganizado, salvaje y fallido plan del desalmado Trump, de separar a migrantes de sus hijos, tras cruzar la frontera sur. El resultado de la batalla fue una victoria, en el orden legal. A pesar de que Trump ya había retrocedido en su política de separaciones futuras, un juez federal le ordenó reunificar a todas las familias, fijándole para ello dos plazos: 10 días, para los menores de cinco años —que vence pasado mañana—; y 30 días para el resto de los niños —que vence el 26 de julio—. Esta resolución judicial está develando, no solo el grado de desorganización con que Trump llevó a cabo su draconiano plan, sino la negligencia con que Guatemala ha tratado la migración, y en especial, el seguimiento que debe dar a quienes retornan desde el norte.

Se estima que el total de menores afectados por esta orden judicial sobrepasa los dos mil. Y hasta el momento, nuestro gobierno ha admitido que 465 son guatemaltecos, aunque existen motivos para sospechar que podrían ser el doble. Los padres de esos menores se dividen en tres categorías: a) quienes actualmente están apresados en EE. UU.; b) los que fueron liberados adentro de territorio estadounidense; y c) los que fueron deportados, y actualmente se encuentran en Guatemala. Para lograr que los niños regresen a sus padres, este último grupo reviste una principal preocupación, pues cuando regresaron al país, el gobierno careció de un protocolo que los listara, y por tanto, no existe un registro de su ubicación actual.

Desde esta columna se ha insistido que la emigración hacia EE. UU. es principalmente desde la ruralidad más profunda del Occidente. Y la experiencia que he tenido en la presente crisis confirma esa regla. Recientemente he tenido contacto con tres padres que perdieron a sus hijos. Un papá de una aldea en San Juan Ixcoy, Huehuetenango. Y dos mamás, una de un caserío de San Pablo, en San Marcos, y la otra de Moyuta, en Jutiapa. Cuando se les consulta, los tres confirman que al regresar al país nadie anotó su teléfono o dirección, para contactarlos en caso de una eventual reunificación. De hecho, los tres afirman que pasaron por el Centro de Recepción de Retornados, en la Fuerza Aérea, como un deportado cualquiera. Esto hace suponer que todos estos padres se encuentran perdidos y desperdigados por el territorio nacional, sin que el gobierno pueda contactarlos.

Por negligencia estatal existe un peligro real de que los niños guatemaltecos pierdan para siempre a sus familias, y que se desperdicie la victoria legal alcanzada. Cuando fueron capturados, EE. UU. envió a padres e hijos a sistemas legales diferentes. A los primeros, los envió a enjuiciamiento criminal; y a los niños, los clasificó como “menores extranjeros sin compañía”, y por tanto, los envió al sistema de protección infantil. Este tiene como fin ponerles en custodia adecuada en EE. UU. y, ultimadamente, darles en adopción. Para evitar esta tragedia es necesario que desde Guatemala los padres demuestren al juez de Migración el vínculo de filiación, y que tienen condiciones adecuadas para recibir a sus hijos en Guatemala. Pero esto, nuevamente, tendría que hacerse por la vía diplomática, y bajo consejo legal profesional, que no existe.

Todos los padres con quienes he tenido contacto coinciden en que viven una incertidumbre absoluta. Sin acompañamiento estatal ni legal presienten el peligro de perder a sus chiquitos para siempre. Esta columna invita a poner atención a cómo se desenvuelve este drama, en los días venideros.