En los últimos meses hemos sido testigos del avance de la estrategia proimpunidad que aglutina a poderosos sectores del país que se han visto señalados por las investigaciones del MP y la Cicig.

En la medida en que los casos progresaron y en que los involucrados dejaron de ser solamente los —odiados— políticos o funcionarios y empezaron a aparecer distinguidos y acomodados miembros de la élite económica del país, se fue consolidando una alianza con suficiente poder e influencia en los ámbitos político, económico, internacional, mediático y jurídico.

Al día de hoy vemos aglutinados en un mismo bando al gobierno de Jimmy Morales, a políticos, diputados, abogados y jueces corruptos; a la cúpula del sector privado organizado, a militares y exmilitares vinculados con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) y a las redes de inteligencia; a los grupos económicos “emergentes” que se disputan la plaza con los tradicionales; a los presos de Mariscal Zavala; a los prófugos y a los asustados, e incluso, a uno que otro narcotraficante.

Entendieron que es tiempo de unir fuerzas frente al “enemigo” común y dejar para más tarde las disputas internas. Tomando debida nota de lo sucedido durante el período 2015-2016, en donde la ciudadanía tuvo una participación activa, el primer objetivo fue romper el consenso social que existía en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para lograrlo recurrieron a las viejas estrategias de desinformación y empezaron a generar desconfianza, echando mano de una táctica que no falla en una sociedad profundamente conservadora, temerosa de las diferencias, clasista y racista como la nuestra.

Construyeron una narrativa basada en un discurso simplón pero muy peligroso: la lucha contra la impunidad es ideológica y está sesgada. Tiene una agenda oculta que quiere dividirnos como país, romper la familia, los valores tradicionales y las buenas costumbres. Atenta contra nuestra soberanía y ha provocado crisis económica.

De la mano del monopolio de la televisión abierta —pieza clave en la distorsión de la democracia—, de algunos medios ultraconservadores, de otros cuyos dueños están vinculados —o prófugos— con casos de corrupción; y de las redes sociales, en donde sobresalen algunos personajes reales y un ejército de netcenteros, instalaron las dudas y a partir de estas, la inmovilización. La fórmula: desinforma, divide y vencerás.

También la emprendieron contra los medios independientes a partir de una estrategia de acoso y asfixia económica, que ya empezó a darles resultado. Hasta aprobaron una ley con dedicatoria al vespertino La Hora que tiene en la publicación de edictos una fuente de sus ingresos.

La purga comenzó en contra de quienes consideran son los culpables de sus desgracias. Por eso le recortaron el presupuesto a la Usac; quieren aprobar una ley contra organizaciones sociales y otra para castigar a quienes critiquen a políticos y funcionarios; intentan disolver la Corte de Constitucionalidad y reformar el Código Penal para decretarse una autoamnistía, como hicieron con el delito de financiamiento electoral ilícito, que ya tuvo a los primeros beneficiados. Pero ojo, porque en la arrogancia de quien se cree vencedor radica su principal debilidad.

La pregunta es si nosotros, los que no estamos en el pacto proimpunidad, aprendimos las lecciones del 2015 y somos capaces de unirnos frente al adversario común o seguimos enfrascados en nuestras diferencias, en las disputas internas y en las posiciones sectarias que nos llevarán indefectiblemente al nocaut.

@MarielosMonzon