Las violentas protestas y la marcha multitudinaria de estudiantes y empresarios de la semana anterior en Managua, Nicaragua, en contra de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, constituyen la más reciente muestra del generalizado descontento de millones de latinoamericanos contra un modelo de democracia deteriorado, muy alejado del clamor popular.

Un abusivo decreto, impulsado sin mayores consensos por el tiránico régimen, fue la gota que rebalsó el vaso en Nicaragua, ante una cadena de abusos de la demencial pareja gobernante, desde la cooptación de instituciones hasta la manipulación de autoridades para acomodar incluso procesos electorales.

Esta endeble estabilidad, que muy rápidamente se resquebrajó en ese país, reviste las mismas características de muchas incipientes democracias en Latinoamérica, como lo revela el estudio sobre la cultura democrática Barómetro de las Américas, que en Guatemala presentó recientemente la Asociación de Estudios Sociales.

Dicho informe plantea un generalizado descontento de los latinoamericanos con sus democracias. Los partidos políticos y sus máximos líderes son los que más rechazo generan, pues están entre los menos confiables para la conducción de las instituciones o para dirigir con eficiencia los más importantes poderes del Estado.

Según este estudio, en Guatemala apenas un 48.4 por ciento de los encuestados califica la democracia como un buen modelo, y nuestro país se ubica además por debajo de la medianía de naciones latinoamericanas que ven en ese modelo la base para el surgimiento de cualquier gobierno. En esa apreciación, por muy poco margen, los hombres superan a las mujeres.

Preocupante es que incluso el 48.4 por ciento de los entrevistados respondió que apoyaría un golpe de Estado militar si este sirviera para combatir los altos indicadores de inseguridad, mientras un 48.8 por ciento respaldaría ese paso si fuera a causa de la corrupción. Una inquietante respuesta que denota el frágil apego de los ciudadanos al modelo participativo.

Aunque es estimulante saber que apenas un 24.4 por ciento de los participantes en el estudio respaldaría una medida extrema de esa naturaleza si la asonada la encabezara el presidente del Organismo Ejecutivo y si, además, dentro de sus intenciones estuviera la disolución del Legislativo u otros órganos de poder.

En el caso de los guatemaltecos, un número representativo, 70.1 por ciento, considera que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es una de las instituciones más confiables, seguido de los medios de comunicación, 61.9 por ciento, y el Ministerio Público, que recibe un 57.8 por ciento de aprobación.

Los partidos, los políticos, el Congreso, el Ejecutivo y las cortes son los menos favorecidos por las preferencias de los guatemaltecos encuestados. Son datos que deberían ser de utilidad para quienes están al frente de instituciones tan desprestigiadas, para que tomen cartas en el asunto, con esfuerzos genuinos por enderezar los renglones torcidos de la democracia guatemalteca, que no satisface a los gobernados.