El Consejo Económico y Social (CES), conformado por representantes de organizaciones sindicales, de cooperativas y empresariales, hizo un llamado la semana pasada a impulsar la negociación de un pacto económico y fiscal. Hay varias experiencias de pactos o acuerdos nacionales que se han convenido, y han dado algún sentido de orientación, como lo hicieron el Pacto Fiscal suscrito en el 2000 o el Pacto Ambiental convenido a fines del año pasado. Sin embargo, existe una amplia percepción de que muchos acuerdos han quedado solo en el papel. Diferencias significativas entre nosotros en relación a temas tan fundamentales como las funciones básicas del Estado han impedido un efectivo cumplimiento de lo convenido, puesto que la falta de consenso en la práctica se ha manifestado en vetos, atrasos o falta de recursos para implementar lo acordado.

Lo anterior amerita dos reflexiones. Primero, quizás convendrían dejar que la resolución de los problemas más difíciles, y que nos dividen, se enfrenten por ahora con trabajos técnicos y diálogos, pero con una resolución efectiva solo a partir del 2019, como resultado de una contienda electoral en que pudieran competir partidos más definidos que los actuales. Lo ocurrido en el 2015 permite ser optimistas. Las movilizaciones del 2015 crearon condiciones para renovar la política, ojalá con partidos ideológica y programáticamente claros en las elecciones del 2019. El proceso electoral abriría la posibilidad, entonces, para que los ciudadanos tuvieran opciones reales presentadas por partidos políticos diferenciados y claros.

¿El Partido X quiere privatizar la seguridad social o establecer un sistema de capitalización individual con base en los aportes de cada persona? ¿El partido Y quiere un sistema universal de seguridad social donde algunos subsidian a otros? ¿El partido Z quiere un sistema mixto? Le correspondería entonces al ciudadano seleccionar X, Y o Z. Definir la propuesta finalmente implementada no se resolvería mediante un diálogo entre una serie de expertos o personas ilustres sino por la vía de un proceso en que los ciudadanos seleccionarían al partido que les ofrecería su opción preferida. Posteriormente, y con base en la correlación de fuerzas, los representantes de los partidos en el Congreso seleccionarían una propuesta que pudiera o no incluir una negociación. Pero para hacerlo se necesitan partidos ideológicamente claros y no una masa uniforme sin grandes diferencias, como ocurre actualmente. Mientras no los tengamos continuaremos navegando en un mar incierto sin soluciones claras a problemas básicos, y especialmente vulnerables ante las presiones de grupos con intereses particulares.

Segundo, hay temas que sí pueden ser objeto de negociaciones más acotadas. Un ejemplo de cierto avance, demarcado, lo constituyen las reformas del sector de justicia. No son una gran reforma integral pero parecen ser un avance logrado por la vía de pocos meses de intensa y seria negociación. Podría ser la base de un modelo a seguir. Otra área en que esto parece posible es la del gasto público, centrado en su transparencia y eficacia, e incluyendo temas como la terminación de fideicomisos y la eliminación de ciertos destinos específicos. Y seguramente hay otros temas acotados que podrían estar sujetos a acuerdos dentro de un plazo que no tiene que esperar hasta el 2019. La búsqueda de este tipo de acuerdo, acotado, pareciera ser lo más realista, y puede servir para establecer puentes para impulsar negociaciones y llegar a acuerdos más ambiciosos en el futuro.

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