El pasado lunes 4 de junio se dio el banderazo de salida para la integración de la Comisión de Postulación, nominación de candidatos y elección del próximo Contralor General de Cuentas. El proceso se rige por el artículo 233 de la Constitución, que llama a integrar la comisión de postulación con un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad y un número equivalente de representantes electos por los colegios profesionales que colegian contadores públicos y auditores. La Comisión debe enviar una lista de seis candidatos nominados con el voto de dos terceras partes  al Congreso, donde el contralor será electo para un período de cuatro años, por mayoría absoluta de diputados.

Tengo en mi haber la experiencia de haber participado en tres comisiones de postulación para nominar candidatos a contralor general de Cuentas. Vea mi columna Gallo Cantado, sobre el proceso de 2014 (PL 29/01/2015). La primera comisión en la que participé fue la de 2006, donde quedó electo Carlos Mencos, luego en 2010, donde el Congreso eligió a Nora Segura de Delcompare y finalmente en 2014, donde se eligió nuevamente a Carlos Mencos. Doy testimonio de que en estos tres procesos todo se manejó con absoluta formalidad, legalidad y transparencia, aun cuando el resultado final ya estaba cantado y fue inevitable, por agotamiento, frustración y falta de opciones.

En mi experiencia al menos, se alinearon dos bloques en la Comisión: los representantes de los colegios profesionales, que ya traían consigna de quién era su candidato, y los decanos, que en su mayoría no la traían. Como ambos bloques tienen igual cantidad de votos y se requiere el voto de dos terceras partes, el proceso se estanca. El primer nominado de los seis es el más difícil, porque mientras no pase el o los ungidos, no pasará nadie. Una vez nominados los ungidos, los demás pasan fácil y rápidamente.

En mi opinión, uno de los principales problemas es la falta de buenos candidatos o postulantes. La gran mayoría de postulantes son funcionarios medios de organismos estatales. Muchos de ellos son personas honradas y trabajadoras, pero sin mayor preparación o experiencia en el manejo de organizaciones complejas. Auditores de prestigio del sector productivo o de las grandes firmas no participan en el proceso, que es desgastante. Un buen porcentaje queda excluido antes de llegar a primera base, porque le falta un papel, certificación, firma o sello en su papelería. Es un proceso excesivamente formalista, con la falsa idea de que esto garantiza transparencia o aptitud. Con esfuerzo, se elabora una tabla de gradación, que no convence a nadie pero todos aprueban. Se realiza una evaluación psicométrica de los postulantes, para quedar bien con la prensa y las ONG; un ejercicio inútil que no aporta absolutamente nada al proceso. Las ONG se hacen presentes en momentos clave, léase para la foto y entrevistas con medios, y hacen recomendaciones donde inventan la limonada y denuncian componendas e intereses oscuros. Están en gallo, pero no pierden oportunidad de protagonizar y los medios les siguen el juego de que de alguna manera son expertos.

La actual comisión deberá elegir a seis candidatos, a más tardar, 20 días calendario antes de que venza el plazo del actual contralor. El Congreso tomará la decisión final, probablemente será algún ungido y no habrá sorpresa. Un proceso que en teoría busca que se elija al mejor, en realidad asegura que los peores se ponen arriba. Nada nuevo.