El involucramiento del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales en un hecho ilícito y su privación de libertad causó un revuelo nacional e internacional; generó diversidad de reacciones y puntos de vista, muchos provocados por la frustración que siente la población que creyó y votó por una alternativa distinta.

El ejecutivo inició así su segundo año de gestión, la que ha sido duramente criticada debido a los pocos logros que ha alcanzado, a pesar de que el discurso del mandatario y su informe al Congreso expresan realidades distintas. Muchos consideramos que está desperdiciando la oportunidad que le llegó de la nada, con una ejecución poco afortunada, con una gran dispersión en la gestión pública, con algunos funcionarios que no están a la altura de las urgentes necesidades del país, con la ausencia de la puesta en práctica de las escasas políticas públicas que ya existen.

Y es por eso que los ciudadanos de a pie percibimos que poco se ha avanzado en comparación con la expectativa creada, que por cierto, fue irreal. Las personas esperaron algo que era difícil de alcanzar: que se transformara una situación que venimos arrastrando desde hace décadas y que requiere no sólo arrojo y valentía, sino de un programa, pero sobre todo de decisión, la que no se vislumbra.

El presidente, a quien muchos califican de una persona bien intencionada, carece de algo fundamental: un equipo cohesionado y autoridad para tomar decisiones que sean acatadas.

Y las relevantes noticias internacionales que llaman la atención del planeta, como el cambio en el inquilino de la Casa Blanca, la violencia en nuestro vecino del norte y en otras partes del mundo, la extradición del narcotraficante más famoso del orbe, son ingredientes de un ambiente de violencia a nivel internacional.

Para nuestro infortunio, empezamos este año con el asesinato de un periodista en el departamento de Zacapa, el colega Manuel Salvador Trujillo Villagrán, comunicador social de la Municipalidad de San Jorge y reportero de un canal local, asesinado la mañana del jueves 28 de enero cuando se conducía en su motocicleta. Fue atacado por la espalda con armas de fuego, falleció en el sitio del ataque. Trujillo Villagrán se convierte en el décimo profesional de la comunicación que pierde la vida de forma violenta en menos de un año en Guatemala.

Y un periodista de Suchitepéquez, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, denunció que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte por parte de un grupo que se autodenomina “Ángeles Justicieros”. El afectado indicó que las recientes amenazas podrían ser una represalia por la información que divulgó sobre la captura de miembros de un grupo delictivo.

El comunicador y su familia no tienen medidas de seguridad. Responsabilizamos a las autoridades respectivas de lo que ocurra a nuestro colega, quien en noviembre del año anterior sufrió un atentado del que salió ileso.

En este contexto, las entidades de prensa nacionales constituidas en una alianza continuamos con la exigencia al Gobierno para que cumpla con el compromiso de Estado que el presidente Morales ratificó el 18 de julio de 2016 de adoptar un programa de protección para Periodistas.

A pesar de los periodistas asesinados, del clima de inseguridad en el que trabajan, de que el presidente ha ordenado que se instituya el programa referido, un asesor de Gobernación se niega a emitir el dictamen que permita que el mismo sea adecuadamente instalado.

La Alianza de entidades de Prensa exige y demanda al Gobierno que honre su palabra y que el ministro de Gobernación facilite la implementación del Programa de Protección a Periodistas, y les recuerda que este año Guatemala debe pasar por el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, donde tendrá que rendir cuentas de estos incumplimientos.