Una oportunidad invaluable para coadyuvar en el rescate del prestigio de uno de los poderes más importantes del Estado ha quedado abierta con el fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad que anula la elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo manda a elegir a un nuevo presidente de dicha instancia en las próximas horas.

El desprestigio para la Corte Suprema de Justicia no es producto de la maledicencia, sino surge de los propios orígenes en la elección de los actuales magistrados del Organismo Judicial, que se efectuó, nada menos, bajo la supervisión de oscuros negociadores de los partidos políticos Líder y Patriota, que finalmente lograron imponer su voluntad en el Congreso.

Poco tiempo transcurrió para que empezaran a caer las primeras manzanas podridas. Ante los serios señalamientos planteados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público se vieron obligados a renunciar los magistrados Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, y ahora también enfrenta un proceso de antejuicio la magistrada Blanca Stalling, cuyo caso pasará a los capítulos negros de la historia jurídica del país.

Los antecedentes en la conformación de esa corte no permitían albergar demasiadas esperanzas, y sin embargo sus dos primeros presidentes cumplieron con decoro el cargo, hasta que se conoció que para el tercer mandato había sido elegida la magistrada Silvia Valdés, cuya candidatura había sido propuesta precisamente por Blanca Stalling, lo que permitía suponer que se había dado un paso hacia atrás.

Esto se ratifica con el fallo de la CC al anular esa elección, porque claramente existe una violación constitucional al haber convocado a uno de los electores, que era magistrado suplente. Tal medida desemboca ahora en la anulación, lo cual también constituye dura lección, para elegir ahora a una persona idónea, que busque sobre todo el rescate del prestigio de la institución.

Aunque legalmente la magistrada Valdés podría de nuevo ser electa, lo más recomendable es que se abstenga de buscar ese cargo, pues ya fue protagonista de un proceso anómalo, el cual contribuyó de manera significativa en el deterioro del prestigio del Poder Judicial, pues junto a los otros ocho electores que definieron su cargo ignoró aspectos legales fundamentales que otro ente superior debió enmendar.

Procede entonces que el pleno de magistrados haga su mayor esfuerzo por colocar en tan alto cargo a la persona más idónea, aquella que pueda salir al rescate de la imagen de una de las instituciones llamadas a cumplir un papel vital en la actual batalla que libra el país en contra de la corrupción.

No actuar en consecuencia con la difícil coyuntura por la que atraviesa el país redundará en mayor perjuicio del estado de Derecho y del debilitamiento institucional. Guatemala no puede seguir inmersa en una lucha mezquina entre quienes buscan mantener un sistema inviable y quienes persiguen el rescate del sistema para erradicar de los órganos de poder a quienes actúan por oscuros intereses.