El presidente Jimmy Morales demoró 46 días para tratar de explicar, en vista de ser el mayor desencadenante de la actual crisis, sus motivaciones para viajar a las Naciones Unidas y buscar ponerle zancadilla a los esfuerzos que en Guatemala lleva a cabo la Cicig junto con el Ministerio Público. Además de no lograrlo, volvió a quedar en evidencia, por sus débiles argumentos.

Una decisión tan importante como la de intentar la expulsión de quien en nombre de la ONU encabeza los esfuerzos en el país para combatir la corrupción debió haber sido explicada a los guatemaltecos tan pronto como el mandatario retornó de Nueva York. No lo hizo, y en el trayecto afloraron otros escándalos y procesos judiciales en perjuicio del discurso gubernamental.

El mandatario desaprovechó, una vez más, la oportunidad de explicar convincentemente sobre ese y otros controversiales temas, pero no lo pudo hacer, quizá porque sus argumentos podrían ser espurios o porque otros hechos acrecientan su actual desprestigio, como el de haber recibido de manera injustificada un bono de 50 mil quetzales de recursos del Ejército.

Tratar de explicar ese inmoral desembolso cae en lo pueril, sobre todo cuando intentó convencer a los periodistas de que era un pago preexistente, cuando eso es falso, pues dicho bono fue aprobado durante el difuso y breve gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre y solo la ingenuidad de Morales facilitó el desembolso final.

A muchas otras preguntas tampoco hubo respuestas aceptables y más bien crecieron las dudas sobre la percepción que el mandatario tiene acerca de la realidad nacional, como cuando intentó explicar los casos en que él y algunos de sus parientes son investigados por la justicia. Repitió que aboga por la no politización de la justicia, como si no fueran él y sus antecesores quienes incluso pactaron en una alianza perversa la designación de magistrados a las más altas cortes.

Más allá de la necesaria urgencia de dar la cara a los guatemaltecos, Morales acudía a la prensa luego de enumerar en la sede de Conred los numerosos desastres de la red vial y el riesgo en que viven miles de guatemaltecos, con la evidente intención de sensibilizar a los medios sobre la intención de decretar un estado de Calamidad, otro despropósito, porque esas medidas significan, en la práctica, facilitar la corrupción.

Esta idea debe ser desechada porque no es cierto, como afirmó el presidente, que este sea el peor invierno de los últimos 25 años y ni siquiera se compara con las tragedias registradas en años anteriores, tras el paso de poderosas tormentas. Por el contrario, una vez más, de manera infame, se utiliza a las víctimas para ablandar procesos en gastos millonarios, mientras se multiplica el número de damnificados sin recibir la debida atención.

Lo más recomendable es que la administración de Morales no caiga en las mismas prácticas de las últimas dos, que abusaron de este recurso para desbordar la corrupción, y debe poner mayor énfasis en que todo el equipo de gobierno actúe de manera responsable y honesta, en apego a las normas de transparencia, siempre indispensables, pero sobre todo cuando se habla de gastar millones de quetzales.