La eliminación física de 13 personas, entre ellas el capitán Byron Lima, quien purgaba condena por el alevoso asesinato de monseñor Juan Gerardi —que en rigor no ha sido aclarado totalmente—, comprueba una vez más que la granja penal Pavón constituye una especie de territorio que no reúne las condiciones mínimas para garantizar la vida de quienes se encuentran recluidos o de los familiares y amigos que los visitan.

Aunque es muy pronto para conocer todas las circunstancias que antecedieron a estos crímenes, es claro que se trató de un hecho dirigido a quien era el reo más poderoso del país, cuya manera desafiante de actuar y de hablarle hasta a los jueces provocaba temor tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Incluso, las acciones tomadas en su contra por anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación fueron consideradas una prueba de indudable valor y éxito.

Lo ocurrido ayer demuestra la realidad de la situación en esa granja penal y en cierto sentido refleja lo que ocurre en el Sistema Penitenciario del país. En el ataque hubo al menos una explosión de granada, disparos y una acción específica dirigida a Lima y a los guardaespaldas que tenía dentro de la prisión, en una evidente prueba de poder. Era descrito como una especie de soberano e incluso la versión inicial del asesinato giró en torno a que el autor intelectual fue un narcotraficante que intenta controlar el lucrativo negocio de la venta de drogas dentro de la prisión.

Sin embargo, es claro que Lima tenía información, o al menos decía tenerla, cuya revelación habría provocado serios problemas legales a numerosas personas influyentes, o que hubiera aumentado los dolores de cabeza de quienes ya se encuentran encarando juicios. Por esa causa este crimen tiene en numerosos casos, como consecuencia indirecta, una sensación de alivio para muchos. No es exagerado predecir que el asesinato quedará sumido en el enorme porcentaje de crímenes que no han sido resueltos, característica que es un baldón para el sistema judicial y de seguridad interna del país.

Tampoco es aventurado indicar que esta muerte violenta provocará un renacido interés por la vida y hechos por los que Lima fue acusado, así como por los personajes políticos o militares y las circunstancias que precedieron y continuaron después de la brutal muerte a golpes de monseñor Juan Gerardi, aunque es claro que pasados tantos años y con la desaparición de quien fue condenado por ese oscuro hecho, difícilmente podrá llegarse al esclarecimiento definitivo de lo que ocurrió.

Es válida la pregunta acerca del peligro que corren los reos que llegan a purgar sus condenas a la granja Pavón, porque a la segura posibilidad de que salgan convertidos en delincuentes se suma que las pandillas de criminales allí residentes pueden actuar, seguras de la impunidad. No puede olvidarse que en Pavón se llevó a cabo la Operación Pavo Real, por la que dos altos funcionarios del gobierno de Berger se encuentran en prisión, condenados o a la espera de un veredicto en Europa. En resumen, el asesinato de Lima abre la puerta a una larga serie de revelaciones relacionadas con numerosos casos muy sonados.