Algunos de los más deslegitimados miembros del Congreso vuelven a dar muestras de su trasnochado y oportunista criterio, como lo comprueba la más reciente ocurrencia de la diputada Sandra Morán, jefa de bancada de Convergencia, quien en una burda maniobra para supuestamente proteger a los periodistas del país plantea impulsar una ley general de medios.

La protección al gremio periodístico es un compromiso asumido por el Estado de Guatemala ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, pero no constituye una tarea que el actual Congreso pueda llevar a cabo, mucho menos manosear una legislación existente, amparada por compromisos internacionales contraídos por otras administraciones.

Morán no es la primera en abanderar ideas insensatas, pues cada cierto tiempo, a lo largo de las últimas décadas, varios son los personajes que han pretendido manosear leyes que protegen el ejercicio periodístico y la libre emisión del pensamiento, garantías además consagradas en la Constitución.

Antes que ella, y en más de una oportunidad, inquietudes parecidas ha planteado el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuya tozudez lo ha llevado a presentar como una necesidad la revisión de la Ley de Emisión del Pensamiento, iniciativa que también debe ser rechazada, por la misma desconfianza que inspira el actual Congreso.

Hasta ahora, proyectos de esa naturaleza solo han servido para limitar el derecho a opinar libremente, como sucedió en Venezuela, ha ocurrido durante más de medio siglo en Cuba y más recientemente en Ecuador, donde los excesos del exgobernante Rafael Correa llegaron a extremos de intolerancia con la prensa independiente, arbitrariedades que luego imitaría el presidente de Bolivia, Evo Morales, para acallar las voces críticas contra el abuso de poder.

Pretender regular la actividad de los medios de comunicación solo puede ser visto como un exabrupto de la representante de Convergencia, quien debería tener muy claro que leyes superiores en Guatemala y legislación internacional garantizan esos derechos e imponen un marco de respeto que mucho menos podría ser alterado por representantes desprestigiados que hasta ahora han sido incapaces de legislar de manera asertiva o de impulsar proyectos de beneficio común.

La mediocre actividad desarrollada hasta ahora en el Legislativo justifica el rechazo a cualquier pretensión, como la absurda idea de regular la actividad de los medios de comunicación, porque detrás de esa iniciativa subyacen riesgos enormes para el libre flujo de ideas, y la intolerancia busca precisamente poner límites.

El actual Congreso es la entidad menos idónea para impulsar proyectos de protección a los periodistas y mucho menos se puede tolerar cualquier planteamiento que implique regular la actividad de los medios de comunicación. La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia, y esta debe ejercitarse sin limitaciones ni cortapisas, ni con descabelladas propuestas impulsadas por deslegitimados diputados.