Ayer se cumplieron 39 años del triunfo de la revolución sandinista. Es paradójico que justo en la misma fecha estemos viendo cómo el principal líder de la Revolución haya convertido su régimen en exactamente lo mismo que decía combatir hace apenas unas décadas. ¿Alguien todavía duda de por qué es necesario poner límites estrictos al ejercicio del poder, indistintamente de cuáles sean las intenciones de quienes lo van a ejercer?

La crisis que inició hace tres meses se ha ido complicando, ya hay más de 300 muertos y el Gobierno se ha dedicado a reprimir toda oposición al régimen. El domingo, un grupo armado afín al presidente Ortega tuvo bajo asedio a un grupo de estudiantes en una iglesia católica. Los videos del asedio se volvieron virales, especialmente porque quedaron atrapados en la iglesia no solo estudiantes y religiosos, sino también corresponsales de prensa extranjera que transmitieron desde el templo.

El martes, casi dos mil personas armadas a las órdenes de Ortega iniciaron el asedio de Masaya —especialmente el barrio Monimbó—, la ciudad donde más se han opuesto al régimen de los Ortega Murillo. Luego de un día completo de asedio, se jactaron de haber “retomado el control de Masaya” —a un costo de por lo menos otros tres muertos—. Lo irónico es que fue en este mismo barrio donde inició la oposición a la dictadura de Somoza.

Mientras tanto, continúa incrementándose la presión internacional en contra del régimen. El miércoles la OEA aprobó una resolución en la que se condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas paramilitares del Gobierno, exige al Gobierno su desmantelamiento y lo exhorta a que se adelanten las elecciones para marzo del 2019. El documento fue respaldado por 21 de los 34 Estados Miembros. Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas votaron en contra de la propuesta y otros siete países se abstuvieron.

El Gobierno de Nicaragua emitió minutos después de la resolución de la OEA un comunicado en el que pide a la comunidad internacional “respetar la autodeterminación del Estado de Nicaragua para restablecer la paz y la seguridad, sin injerencias de ningún tipo” y se culpaba a los “grupos internacionales terroristas” de instigar la violencia. Y en la celebración del Foro de Sao Pablo, en Cuba, sus dirigentes —incluyendo a más de algún diputado guatemalteco— despotricaron contra “la derecha”, a quien sindican de “querer violar los regímenes constitucionales”.

Yo considero que este es un buen ejemplo de la suprema importancia de limitar el poder de los gobernantes. En el caso de Ortega, al igual que otros miembros del Foro de Sao Pablo, se venden como “defensores” del pueblo, pero esa solo es la estratagema para ganar elecciones. Una vez las ganan, argumentan que para “ayudar” al pueblo necesitan más poder, lo cual es la gran mentira que utilizan para tomar todo el control. Y cuando logran ese objetivo se quitan la piel de oveja, sacan las uñas y se muestran como realmente son: sátrapas que lo único que buscan es aprovecharse de ese pueblo que decían defender, para enriquecerse a costas de su sufrimiento y miseria, para lo cual utilizan todo ese poder que le quitaron gracias a los ingenuos que se creyeron sus mentiras.

La situación de los nicaragüenses seguirá empeorando si no cambian las cosas. Es importante que siga la presión sobre el Gobierno de Nicaragua. Debemos exigir al Gobierno de Guatemala que retire a su embajador ante ese país y que expulse al embajador de Daniel Ortega. Que sepan que los guatemaltecos no consentiremos que repriman salvajemente a sus opositores. Pero entendamos la lección: hay que limitarle el poder a los gobernantes.

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