Hoy asume en Costa Rica el gobierno que liderará Carlos Alvarado —Partido de Acción Ciudadana, PAC—. Estarán al frente los próximos cuatro años, con un plan de gobierno ofrecido a los ciudadanos, Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI: compromiso país (188 páginas), que contiene los grandes retos del Estado y cómo los enfrentarán con la búsqueda de un crecimiento económico sostenible e inclusivo, la construcción de una mayor igualdad y un Estado más efectivo.

Las principales propuestas económicas están dirigidas a la estabilidad económica del país (control de inflación y tipo de cambio) y revertir la dolarización del sistema financiero. En materia de competitividad, el nuevo gobierno se ha impuesto extender la capacitación en idiomas extranjeros, impulsar la investigación científica y tecnológica, fortalecer el sistema nacional de empleo, promover la infraestructura pública, incentivar el sector de turismo, crear cooperativas y buscar su incorporación a los mercados internacionales, esperando atraer inversiones y potenciar las ventajas de cada territorio para el desarrollo de núcleos industriales, productivos y de servicios. También han propuesto asignar más recursos, financieros y tecnológicos, para la mejora de la seguridad comunitaria y la vigilancia aérea y marítima.

En lo social, entre las medidas más importantes está cumplir con la obligación constitucional de presupuestar el 8% del PIB para educación, y con ello extender la atención a la primera infancia, los planes de estudios de primaria y la educación para jóvenes y adultos. Asimismo, se han propuesto desarrollar obras de infraestructura y servicios culturales descentralizados, impulsar la creación de un régimen especial de aseguramiento para los trabajadores de la cultura y estimular los sectores culturales, entre ellos, la producción de contenidos locales y nacionales. El gobierno espera universalizar programas de protección para la población en extrema pobreza (5.7% de la población total), así como ampliar la cobertura del Régimen no contributivo de pensiones, y otras acciones para proteger a la población indígena, jóvenes y adultos mayores.

Al haber gobernado en el período anterior, las propuestas para la reforma del Estado plantean la continuidad de procesos: implementación de un sistema único de remuneraciones para compensar con justicia las cargas de trabajo y responsabilidades que existen en la Administración Pública, y vincular incentivos por desempeño al cumplimiento de objetivos institucionales. Además, buscarán avanzar en la ejecución del modelo de gestión por resultados.

En síntesis, el nuevo gobierno tiene un buen plan —que llevado a la práctica logrará que los costarricenses celebren el bicentenario en condiciones envidiables de desarrollo—, pero las finanzas públicas son su talón de Aquiles. Por ello, han anticipado medidas para controlar el gasto y aumentar los ingresos por medio de cambios al impuesto de renta y la transformación del actual impuesto de ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con medidas para mitigar su regresividad.

No cabe duda que el gobierno electo llega con suficiente legitimidad —más del 60% de los votos en la segunda vuelta— para proponer estos cambios, pero solo con 10 de los 57 diputados que componen el Legislativo. Sin reforma fiscal únicamente se avizora deterioro social y económico. ¿Podrá Costa Rica lograr un acuerdo fiscal integral? No hay certeza. Sin embargo, con ese hecho se podrá evaluar, en 2022, la madurez y visión democrática de aquellos que ahora tomarán las decisiones políticas.

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