Sin duda mi columna ya les parece disco rayado, pero si no menciono en este espacio a Mariela Vásquez Díaz, su existencia pasará inadvertida porque una niña embarazada no es noticia hasta cuando muere. Mariela era una adolescente de 15 años. “No lloren por mí, tomé la decisión porque estaba embarazada” reza la escueta nota con la cual explica su decisión de suicidarse. El mismo procedimiento de colgarse de una soga fue utilizado por Diana Marisol Carrillo López, de 18 años y con siete meses de gestación, quien decidió poner fin a su vida en mayo del año pasado.

Así como Mariela y Diana, miles de menores son abusadas sexualmente por hombres de su entorno cercano, algunas desde sus primeros años de vida. Lo excepcional en estos casos es haber tomado la decisión de acabar con su vida. A muchas otras víctimas de violación la vida se les acaba más lentamente y de distinto modo: convirtiéndose en adultas sin haber disfrutado su niñez, cargando con un hijo cuando ni siquiera tienen conciencia de su propia infancia, enfrentando un futuro cortado de tajo por un adulto abusador cuyos crímenes quedarán impunes al ser tolerados por una sociedad patriarcal que mira hacia otro lado.

¿Recuerdan a la niña de 11 años rescatada por la Procuraduría General de la Nación hace pocos días, presuntamente embarazada por su padrastro? ¿Y otra de 13 años, originaria de Quiché, ingresada al hospital Roosevelt con 28 semanas de gestación? Son solo ejemplos de un problema de enormes dimensiones poco advertido por la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio de Salud Reproductiva, Osar, Guatemala registró aproximadamente 58 mil embarazos en niñas y adolescentes durante los primeros siete meses de 2015 y 71 mil en 2014. Por si fuera poco, de las 680 denuncias registradas en 2014 por abuso sexual contra menores, apenas se resolvieron 40 con condenas. Esos números tan marcadamente desiguales constituyen ya de por sí la evidencia de impunidad en uno de los delitos más recurrentes y perturbadores de esta sociedad. Se supone que el sub registro en este tema alcanza dimensiones dantescas, dadas las cifras de embarazos que los superan largamente.

Pero algo sucede que el Estado se abstiene de tomar acciones correctivas para reducir o eliminar esta pandemia de abusos contra la niñez guatemalteca. Si es presión de las instituciones eclesiásticas o simple desidia de las autoridades, no está tan claro, más parece una poderosa combinación de ambas con un componente adicional: el desprecio por esta importante mitad de la población conformada por niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Al no tener voz ni voto en las decisiones concernientes a su vida, su salud, su acceso a la educación, se encuentran en una tremenda desigualdad de condiciones en un sistema que las ha marginado históricamente y continúa haciéndolo por obra y gracia de una casta política corrupta y clientelista.

El sistema -con su paredón de influencias capaz de bloquear cualquier iniciativa paritaria- provoca un daño irreversible a estas generaciones de nuevas ciudadanas cuyo destino está sujeto a la desvalorización de su sexo, el desprecio por su esencia femenina, la discriminación profunda desde las bases de la cultura en la cual nacieron. Los intentos por desarrollar campañas de educación destinadas a erradicar la ignorancia sobre salud sexual y reproductiva se estrellan una y otra vez contra un machismo pasado de siglo. Es hora de entender que no es un asunto de moral sino de justicia y supervivencia. Y que de políticas correctas de un Estado laico depende la vida de miles de seres humanos.

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