Casi un tapaboca resultó el anuncio emitido ayer por el Tribunal Supremo Electoral, que comunica la suspensión del partido oficialista FCN-Nación, precisamente horas después de que el más alto dirigente de esa agrupación, Javier Hernández, diera a conocer un video con afirmaciones irresponsables, como la de un supuesto golpe de Estado.

En el primer punto, las autoridades electorales procedieron de inmediato, porque la agrupación incumplió con pagar una multa de 60 mil dólares, poco más de 440 mil quetzales, que no han de tener problema en cancelar, pero nadie se atreve a hacer esos desembolsos porque el partido oficialista ha evadido la responsabilidad de transparentar sus gastos y esa sanción económica también debe estar enmarcada en la legalidad financiera nacional.

Es probable también que si la alta dirigencia no le ve viabilidad electoral, se abstenga de pagar la multa y llegue inevitablemente la cancelación definitiva, como le ocurrió a los ya desaparecidos partidos Patriota y Líder.

De no hacerlo, corren el riesgo de que a golpe de votos sean desterrados del mapa político en las próximas elecciones. Es evidente que ese partido está condenado a desaparecer, por el actuar irresponsable de su dirigencia, que siempre tuvo claridad en buscar a alguien ajeno a la política para hacer viable un proyecto de varios militares de la vieja guardia, por ello con muy pocas posibilidades de un triunfo electoral.

Tanto la dirigencia oportunista como la ingenuidad del candidato finalmente convergieron en desatar una de las mayores crisis políticas de Guatemala, y lo más lamentable es que los problemas judiciales del presidente terminaron haciendo una mezcla letal en la que ahora hay muchos otros que buscan aprovecharse de alguien que quizá creyó tener una oportunidad de cambiar la calamitosa situación nacional.

Los acontecimientos rebasaron a todos, la situación se les fue de las manos y el mandatario quedó a merced de un grupo de vividores del conflicto y un puñado de aprendices de políticos que se aglutinaron en torno a la agrupación gobernante con el único objetivo real de darle continuidad a un viejo modelo político que desde hace varios lustros se convirtió en el motivo del saqueo del erario y el abuso de poder.

Un análisis más minucioso de quienes financiaron a este grupo, hoy al borde de la extinción, puede evidenciar quiénes o qué sectores no apostaron por un cambio, sino impulsaron caras diferentes que fueran mucho más fáciles de manejar, como finalmente resultó. Hoy, esa improvisación le está pasando la factura a quienes creyeron que las cosas podían continuar más tiempo por el mismo rumbo.

Con esa medida dictada por las autoridades se abre una esperanza, aunque leve, de que las instituciones de verdad funcionen de manera independiente, alejadas de presiones y amenazas para torcerle el brazo a la justicia, una tarea que cada vez se vislumbra mucho más difícil para los grupos capaces hasta de sacrificar al país por sus mezquinos intereses, sin tener en cuenta que al final será la comunidad internacional la que, para vergüenza de los guatemaltecos, se encargue de exigir un mínimo de decencia a los más significativos estamentos de poder.