No parece existir la más mínima capacidad por parte del Gobierno y de quienes dicen respaldarlo para comprender el panorama adverso que enfrentan en sus intentos por desbaratar la lucha contra la corrupción, pues con sus desaciertos solo acrecientan el apoyo hacia quienes han mostrado solvencia para avanzar de manera frontal en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Ayer, la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que encabeza Edwin Escobar, emitió un comunicado contundente de respaldo al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entidades a las que reconoce los avances logrados hasta ahora en el combate del pillaje de cuello blanco.

Ese pronunciamiento tiene un doble mensaje inequívoco: por un lado, deja mucho más aislado al gobierno de Jimmy Morales y a quienes acuerpan sus inútiles intentos por demeritar los esfuerzos contra ese flagelo, en lo cual él es uno de los sindicados por varios casos.

Por otro lado, tampoco deben verse estos pronunciamientos como casos aislados en una coyuntura tan compleja, pues es obvio que, como ocurrirá en los próximos meses, muchos buscarán tomar distancia de quienes hoy se colocan claramente opuestos a la lucha contra la corrupción, como es el caso de Jimmy Morales, Álvaro Arzú y la casi totalidad de los diputados, quienes obviamente sufrirán un duro revés en las próximas elecciones generales.

Entonces, ante la inminencia de un voto de castigo, muchos tomarán distancia de quienes ya no tendrían viabilidad electoral y porque además cargan con sindicaciones de corrupción, a lo cual obedece que hayan volcado sus esfuerzos y recursos para tratar de zancadillear a los entes de persecución criminal, como una medida desesperada por evadir al brazo de la justicia, porque a la vez sigue creciendo la lista de políticos señalados por abuso de poder o la rapiña.

En lo que también debería lograr más apoyo el pronunciamiento de la Anam es en rechazar de manera categórica cualquier intento de rompimiento del orden constitucional, que parece ser el objetivo más extremo del Gobierno, porque es indudable que a ello apuntan las parvularias cortinas de humo que están creando los estrategas gubernamentales, con tan mal tino que todo les sale al revés.

Un ejemplo de esto es la resolución emitida ayer por la Corte de Constitucionalidad, al anular la condena contra los ciudadanos rusos que, huyendo del acoso de Vladimir Putin, cayeron en manos de mafias guatemaltecas que les facilitaron documentos falsos, y quienes intentaron politizar ese hecho hoy también se llevan un revés, porque ahora podría quedar en manos del mandatario la expulsión o concesión de refugio a esta familia perseguida por la mafia rusa.

El panorama es cada vez más adverso para el Gobierno y la escasa habilidad para encarar la crisis lo condujo a un callejón sin salida, porque es demasiado burda su estrategia para deshacerse de la Cicig, al punto de que financistas y políticos los están abandonando, ante la inminencia de su fracaso, pero sobre todo porque podrían restar de cara al evento electoral que empezará en cuestión de meses.