El mundo vuelve a quedar consternado ante una nueva manifestación de odio y locura, con la sangrienta masacre de 59 personas y la cauda de 527 heridas, a manos de un francotirador, un jubilado, cuyas razones para cometer tan demencial acto de terror no han podido ser esclarecidas por las autoridades.

Esta es la peor masacre cometida en Estados Unidos a manos de un solo atacante armado, y pese a espantosos antecedentes de tiroteos en escuelas, cines y otros lugares públicos, las más altas autoridades se resisten a emitir condenas o a endurecer los controles para la portación de armas, como las utilizadas en esta ocasión, que están entre las de alto poder ofensivo.

Es inconcebible que un asesino como este jubilado de 64 años haya podido guardar 19 armas de fuego y cientos de municiones en un cuarto de hotel, sin que nadie lo detectara, y que pudiera disparar de manera enfermiza durante diez minutos contra una concentración en la que había unas 25 mil personas.

Cuando se observan esos cuadros de terror se evidencia el tremendo deterioro de la sociedad estadounidense, donde una matanza de tal magnitud es capaz de elevar las acciones de las empresas fabricantes de armas y también es cada vez más frecuente que se produzcan tragedias como esta sin que haya intervención de extremistas musulmanes, que no obstante intentaron atribuirse estas abominaciones.

El presidente Donald Trump, al lamentar lo sucedido, expresó que era un acto de “absoluta maldad”, pero evadió pronunciarse sobre el criminal comercio de armas que sigue matando a decenas de estadounidenses y aún permite el trasiego de pertrechos hacia países como México y el triángulo norte de Centroamérica, donde alimentan el sangriento mercado de la violencia y de los carteles del narcotráfico.

La imposición de mayores controles a la venta de armas ha sido un tema de crispación en Estados Unidos porque los republicanos han descartado una y otra vez cualquier enmienda al artículo constitucional que garantiza la libertad para poseer pertrechos de guerra, pese a que son varios los congresistas y senadores demócratas que exigen revisar la permisiva legislación.

Trump mismo ha incurrido en más de una imprudencia al respecto, y cuando apenas había cumplido cien días en el cargo declaraba que tienen un auténtico amigo en la Casa Blanca, durante una insólita comparecencia de un presidente a la Asociación Nacional del Rifle, donde se encuentran miles de sus votantes y financistas. El comunicado oficial también fue escueto al afirmar que aún es prematuro hablar de una ley sobre control de armas, según la portavoz presidencial Sara Sanders.

Una reticencia de esa naturaleza resulta inconcebible. El precio que están pagando los estadounidenses por la actitud de quienes se aferran al derecho de andar armados resulta demasiado elevada como para ignorar las consecuencias de una actitud indolente, pero todavía resulta más perverso que decisiones de tanta trascendencia queden en manos de políticos inescrupulosos que, en aras de proteger sus mezquinos intereses, se convierten en cómplices de desquiciados que, legalmente, pueden tener arsenales a su disposición.