La combinación de temores, ambiciones y mezquindades parece tener suficiente combustible para impulsar la obcecada idea de que puede prevalecer el Pacto de Corruptos, pese a las múltiples voces de repudio, rechazo y de exhortativa para que el Congreso y el Ejecutivo cesen en su perversa intención de buscar favorecer la impunidad si logran imponer una junta directiva a favor de los más rancios grupos de poder.

Han caído como naipes las cartas más impresentables en los intentos por poner a gente afín a los sectores vinculados con la corrupción y la elección de junta directiva ha fracasado más de una vez. El primer detalle vergonzoso que surge desde el Ejecutivo es esa persistencia en desafiar toda lógica y buscar poner a personas cuestionables al frente del Legislativo, y en cada fracaso se ha buscado un nuevo prospecto para insistir con un intolerable modelo.

Lo vergonzoso es que para nada se perciben señales de lo que la misma Embajada de Estados Unidos ha pedido, al igual que muchos otros sectores, de impulsar la elección de una junta directiva idónea, que sea capaz de darle respuesta a la indignación ciudadana en contra de la clase política, y lejos de ello se acrecienta la percepción de una afrenta de los grupos proimpunidad para incrustar a cochambrosos al frente del Congreso.

El último de esos personajes, caído en desgracia, es el diputado por el Partido de Avanzada Nacional Manuel Conde Orellana, quien ante un pequeño vendaval de indignación debió hacer mutis y ahora se habla de Álvaro Arzú Escobar como el ungido de quienes buscan entorpecer el avance de la justicia.

Sobre Arzú pesan dos poderosas razones para considerarlo como un candidato inaceptable para ese cargo. La primera es que es uno de los vociferantes firmantes de los decretos que favorecían a miles de criminales con cambios al Código Procesal Penal, y la otra es que buscaba favorecer a los secretarios generales de los partidos políticos señalados de financiamiento electoral ilícito.

Este es el segundo punto de desfiguración en la propuesta de impulsar esa candidatura, pues su padre, el alcalde Álvaro Arzú, es uno de los señalados por el Ministerio Público y la Cicig por financiamiento electoral ilícito, para lo cual se habrían utilizado de manera anómala recursos públicos a través de fideicomisos a cargo de la Municipalidad de Guatemala, lo cual demerita la candidatura de ese diputado.

En todo caso, cada vez se hace más notoria la desesperación de quienes claramente intentan favorecer un contubernio entre inmorales, y son pocas las cartas que quedan para dar la apariencia de cambio, mientras que del lado de la diplomacia, los sectores projusticia y la ciudadanía crece la indignación por la desvergonzada actitud de quienes se empecinan en seguir adelante con un abyecto prospecto que incluso, como ya advirtió el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, podría costarle caro a Guatemala.

Es por demás vergonzoso que los políticos persistan en su obstinación por cimentar las bases de uno de los modelos más corruptos de nuestra historia reciente, con el único objetivo de salvar el pellejo, profundizar la impunidad y beneficiar a una clase política desvergonzada que no tiene la más mínima preocupación por el interés general.