Durante el reciente Encuentro Nacional de Empresarios se hizo patente la urgencia que Guatemala tiene de reiniciar la construcción de infraestructura vial, prácticamente paralizada desde el 2013, cuando se afianza el inicio del actual deterioro de casi todas las carreteras nacionales.

También se ratificó que en las actuales condiciones, la reconstrucción es una tarea titánica, por la enorme incapacidad gubernamental evidenciada en los últimos dos años, cuando entró en un acelerado deterioro la red carretera, pero también por la corrupción, como principal impulso de la obra pública.

En los últimos cuatro años los gobiernos han sido incapaces de construir siquiera un kilómetro de carretera, lo que implica que los millonarios recursos asignados a ese propósito se han acumulado o utilizado en un oneroso mantenimiento. También se observa esto en las calles y avenidas de la capital, donde palpita una pujante industria del bacheo, en cuyo negocio ahora pelea espacios el Ejército de Guatemala.

Cifras reportadas en Enade advierten de la triplicación de los costos por esos chapuces, pero siempre está implícita la sobrevaloración de obras o de las adquisiciones, como ya lo hace el Ministerio de la Defensa, al incursionar en la compra de puentes de emergencia con precios que la misma Contraloría General de Cuentas ha rechazado, aunque las autoridades castrenses no ceden en sus oscuros propósitos.

A la corrupción también se une el descaro, como lo acaba de ratificar el ministro de Comunicaciones, Aldo García, quien en una enorme muestra de incapacidad y desfachatez informó a la Comisión de Finanzas del Congreso que había llegado a un “feliz acuerdo” con la empresa Odebrecht y que esta no presentaría cargos contra Guatemala al dar por finalizado el contrato de la construcción de la carretera de Cocales hacia la frontera con México.

Esta es una muestra de la estulticia y la irresponsabilidad con la que actúan los funcionarios, pues la enorme fisura que provocó la empresa brasileña en la institucionalidad nacional no es algo que un funcionario cualquiera pueda arreglar a su antojo. Existen procesos legales en marcha que deben continuar hasta esclarecer el flujo y destino de millonarias coimas que terminaron con el abandono de una obra millonaria.

Este gobierno pretende hacer borrón y cuenta nueva y reiniciar la construcción de la carretera como si nada hubiera ocurrido, pero con el agravante de que sobre dicho proyecto apenas se construyó la tercera parte de lo pagado y ahora su capacidad quedará reducida a la mitad de lo establecido, pues en vez de los cuatro carriles la carretera sería solo de dos, con un nuevo gasto que llega a los Q200 millones.

Guatemala necesita construir en los próximos 15 años 47 mil 500 kilómetros de carreteras, lo cual es ilusorio y arriesgado si continúa la tendencia de la etapa final del anterior gobierno y la primera mitad del actual, que a todas luces busca condicionar la construcción de infraestructura a la eliminación de controles, lo que de nuevo nos lleva al origen del mayor problema nacional: la corrupción. Urge un cambio de actitud para salir de las viejas prácticas.