Luego de su investidura como presidente, Andrés Manuel López Obrador firmó su primer tratado junto a los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, para implementar el Plan de Desarrollo Integral y su implementación futura en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como con el pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.  Este esfuerzo, que ahora contará con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), es sumamente positivo para encontrar mejores oportunidades en los tres países y ayudar con ello a reducir el incentivo de las personas a migrar.

Sin duda, cuando uno analiza el caso de Guatemala, varias encuestas demuestran que la principal razón por la que las personas migran hacia Estados Unidos se debe a la falta de oportunidades económicas en varios departamentos del altiplano guatemalteco. Sin embargo no ha existido dentro del denominado Plan de la Alianza para la Prosperidad una integración lógica que permita aumentar las inversiones en infraestructura en varios de estos departamentos. Solo es de analizar lo penoso que es que, entre dos ciudades intermedias como Quetzaltenango y Retalhuleu, donde existe una distancia de 56 kilómetros, tome 1 hora con 41 minutos poder llegar de una ciudad a otra.

¿Se imagina cuánto empleo podría generarse si se decidiera elevar la infraestructura en Guatemala de uno a dos metros por habitante? Esto podría ser transformador para nuestro país, y otras naciones lo han logrado. La inversión en salud, educación, introducción de sistemas de agua y saneamiento son vitales para lograr mejores indicadores de desarrollo humano en los departamentos del altiplano, que permitiría generar mejores condiciones para la inversión y, por ende, empleos mejor remunerados.

Para ello es vital que el nuevo tratado recién firmado priorice cambios estructurales al marco legal que ha mantenido detenida la inversión pública en nuestro país a menos del 1% del PIB. Iniciativas como la 5431, Ley General de Infraestructura Vial, o las reformas necesarias a la Ley marco de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), son vitales para desentrampar la inversión y permitir que con ello se generen más trabajos.

Se estima que un país como Guatemala debería estar invirtiendo por encima de 6% del PIB en infraestructura pública, que permita mejores centros de salud, escuelas, hospitales, carreteras, puertos, sistemas de transporte multimodal, plantas de tratamiento, sistemas de agua y saneamiento, riego, entre otros. Las ciudades intermedias de Huehuetenango, Quetzaltenango y Retalhuleu necesitan mejorar su gestión urbana y desarrollo habitacional para integrar los espacios hacia ciudades más compactas, donde se priorice la vivienda y el fomento de actividades económicas de mayor valor agregado, al mismo tiempo que se conservan los recursos naturales. Por ello es importante que este nuevo esfuerzo tome en cuenta la Política Nacional de Competitividad, con un enfoque especial hacia los elementos necesarios para darle mayor continuidad a la Agenda Urbana, creando figuras legales que permitan una mejor gestión a nivel metropolitano.

Este nuevo tratado da la oportunidad a todos los candidatos a la Presidencia y a aquellos que están pensandoen ser alcaldes o diputados a poder tener un plan coherente dentro de sus respectivos partidos políticos para integrar los conceptos necesarios para aumentar la inversión pública y con ello brindar mejores oportunidades a los guatemaltecos.

@jczapata_s