Empieza el 2018 con tantos retos que es difícil priorizar cuál será el mayor. El presupuesto que preparó el Ejecutivo para este tercer año de gobierno no fue aprobado por el Congreso, y si la mitad de motivos que se manejan por la prensa son ciertos para ese rechazo, “la vieja política”  manda en el hemiciclo y tendremos más de lo mismo: trasfuguismo atemperado con discursos vacíos para no perder privilegios, ausencia de agendas institucionales, intereses personales como motores para las grandes decisiones, negocios opacos tutelados desde las altas esferas, boicot constante a cualquier iniciativa de fondo sobre el régimen electoral y ni se diga que se retome la reforma constitucional.

La realidad es clara, el Congreso no tiene la mayor intención de procurar modificaciones que toquen a los grupos que mantienen al presidente en su silla, y por otra parte el sistema judicial está acomodado a pretender atajar coyunturas, esta Corte Suprema de Justicia pasará a la historia como la más desinteresada en lograr modificaciones sustantivas y si no fuera por la presidencia de Rafael Rojas Cetina, con el decidido apoyo que brindó a la Reforma Constitucional (sin el apoyo de la mayoría de sus pares), la cuestión sería más dramática.

En el 2018 hay dos claras fuerzas: la primera, que es la que representa el presidente y el vicepresidente, una buena cantidad de diputados al Congreso y un buen número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no desean que exista ninguna modificación de fondo. Por supuesto, dicen que apoyan una reforma electoral, pero jamás apoyarían “algo” que ponga en riesgo el sistema que les permite perpetuarse en la función pública y, de paso, maquillarse con el barniz democrático. Además, muchos estarán inspirados por los ejemplos que nuestros hermanos nicaragüenses y hondureños llevan a cabo, en burla de toda noción de democracia efectiva. También señalan que apoyan la creación de una verdadera carrera judicial, pero son los primeros en salir a defender el régimen actual de las comisiones de Postulación y así los cargos se decidirán en el Congreso, con menos de un minuto de debate como lo hizo el Partido Patriota porque la Corte de Constitucionalidad dio su venia para que así sucediera; pero por otra parte la otra fuerza es la de una población harta del abuso de poder y la corrupción; sin embargo, en esa población no han cuajado los términos de “República” y “Democracia” y carece de sustento para evitar los desmanes, encima de todo ha sido confundida con que la lucha contra la corrupción es ideológica. Muchos ciudadanos no encuentran brújula, pero saben que la cosa va de mal a peor.

Entre estas dos fuerzas, una bien organizada y con poder, así como con objetivos claros y concretos; y la otra, desorganizada pero con ganas de expresarse e influir, los hábiles maquiavelitos tropicales pudieron lanzar los globitos de la Embajada en Jerusalén y la consulta sobre Belice, para que por lo menos en el primer trimestre los grandes problemas nacionales pasen a tercer plano, y así la elección del próximo fiscal general, que debe tomar posesión en mayo se deslice como mantequilla en sartén caliente y sin mayor atención.

Muchos estamos claros en que el apoyo que el presidente ha recibido de grupos bien claros de la sociedad es con el único motivo de garantizar la designación de un fiscal general acomodaticio y ojalá estemos muy equivocados, pero las señales han sido claras, así que por lo menos para este escribiente la prioridad debe ser la fiscalización del proceso del próximo fiscal porque vienen cosas que asustarán a muchos y de nosotros dependerá evitar el zarpazo.

@Alex_balsells