Las próximas semanas resultarán de especial trascendencia para nuestro país en lo que se refiere a los avances o retrocesos en la justicia. Hay por lo menos dos temas a los que debemos ponerle mucha atención, porque de la manera en que se resuelvan dependerá si se continúa progresando o sufrimos una regresión en la lucha contra la impunidad.

El primero es la discusión en el Congreso respecto de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito. El 12 de febrero, la Corte de Constitucionalidad (CC) exhortó a las y los diputados a revisar las penas contempladas en el artículo 407, literal “N” del Código Penal y recomendó aplicar los principios de proporcionalidad y racionalidad en los castigos para las distintas modalidades de financiamiento electoral.

Sin embargo, en lugar de atender las recomendaciones de la CC, en el Legislativo está cobrando impulso el proyecto de reforma que modificaría los elementos del delito, excluiría a las personas que resulten responsables, como los secretarios de partidos políticos y los financistas, y haría recaer toda la responsabilidad en los contadores de las agrupaciones políticas.

Estas modificaciones tendrían efectos retroactivos, lo que beneficiaría a los políticos y financistas señalados en procesos penales que se ventilan en los tribunales y a muchos otros que están siendo investigados; incluso podrían impedir nuevas pesquisas. Es importante recordar que además del presidente Jimmy Morales hay varios diputados a quienes se les retiró el derecho de antejuicio precisamente para investigarlos por este delito; y hay un buen número de empresarios que habría entregado grandes sumas de dinero a los partidos políticos sin que se haya registrado en la contabilidad electoral. Ni hablar de los aportes provenientes de grupos criminales o del narcotráfico.

Un acuerdo entre todos estos actores supondría el fin de las investigaciones por financiamiento ilícito y nos condenaría a continuar con una democracia corrompida y un sistema electoral y político basado en el clientelismo y en los partidos-franquicia o en las redes criminales disfrazadas de agrupaciones político-partidistas.

Además, esta semana la Comisión de Postulación elaborará el listado de seis candidatos al cargo de fiscal general, entre quienes Jimmy Morales deberá escoger al sucesor de Thelma Aldana. Tomando en cuenta los antecedentes de procesos anteriores y las implicaciones personales que para el presidente tiene esta designación (su hijo y su hermano enfrentan un juicio y él mismo está señalado en varios casos de corrupción), el escenario no se presenta alentador. Al presidente le han dicho y él mismo está convencido de que elegir a un fiscal independiente equivaldría a dispararse en el pie y sus aliados políticos están ejerciendo toda la presión posible para que el designado sea alguien afín a sus intereses.

La clave está entonces en que el listado esté conformado por profesionales incorruptibles e independientes que comprendan que su cargo no se lo deben a quien los elige y estén dispuestos a romper con las estructuras de impunidad sobre las que está cimentado nuestro sistema de justicia.

De los vicios de las comisiones de postulación ya se ha escrito bastante. El último reportaje de Insight Crime da cuenta de cómo se negocia y del peso enorme que tienen en esta elección las facultades de Derecho y el gremio de los abogados. El contrapeso solo puede venir de la ciudadanía, como ya se demostró en 2015. Es eso o condenar a nuestro país a la dictadura que quieren imponernos los señores de la impunidad.