La ley es una decisión política pero su aplicación es más compleja porque se topa, primero, con los factores sociales y culturales, y luego con la resistencia de las personas que mandan en los órganos de poder cuando se trata de límites.

Por ejemplo, es excelente la decisión que el Congreso tomó para aprobar la ley que atajara los problemas de tildes en los nombres y así evitar gastos, atrasos, violaciones de derechos y, sobre todo, se dejara de fomentar la corrupción en el Renap y Migración al llegar a extremos más que ridículos. La decisión es acertada; sin embargo, si no hay voluntad de las autoridades por entender que Juan es Juán o que Pérez es Perez, buscarán otra serie de pretextos para violar derechos y esperarán otra una nueva ley.

Así hemos visto madres, padres, hermanos y hasta socios que no han podido ejercer derechos porque en algún papel se equivocaron con Valdés y Valdez, o bien, Barnoya con Bornoya. Conocemos hasta de casos donde jueces han pasado años discutiendo si las partes de un proceso son las que han estado casadas, o son hermanos o socios, y todo por una letra o una tilde en algún papel. El sentido común no requiere de normas para ser sentido común y contra eso no hay ley que valga.

Por otra parte, la voluntad política de, por ejemplo, el Congreso con coadyuvar en la lucha contra la corrupción está en duda, cuando no aprueba una nueva ley de la Procuraduría General de la Nación, coloca a un diputado que lleva una joyería en sus manos y muñecas además de encarnar el cacique rural que a base de negocios opacos consiguió su curul para presidir la Comisión Extraordinaria de Reforma al Delito de Financiamiento Ilícito, o bien, cuando la Ley de Aguas lleva 32 años durmiendo para que comience el debate, sobre todo ahora con el contexto de que Empagua se utiliza para fines poco transparentes y además existe una escasez y contaminación masiva del líquido en todo el país.

En el Ejecutivo ni decir de voluntad política. El presidente cambia ministros que días antes aplaudía, se releva a la cúpula policial porque le dio la gana al ministro y luego disuelve el cuerpo de élite adscrito a Cicig y MP. Es clarísimo el boicot y si a esto, además, le agregamos que manda a la canciller a Naciones Unidas a presentar quejas, pero no lleva un solo caso documentado, la conclusión es fácil: al presidente la lucha contra la corrupción le importa un rábano y de allí que nombrará como fiscal a quien le diga su círculo.

Si queremos más detalles basta ver que en principio se combatieron los abusos del pacto colectivo de trabajadores de Salud, pero después, de un plumazo, se abrazó y aplaudió las mismas ilegalidades que combatía pero en magisterio.

En el Organismo Judicial ni hablar, pero es difícil abonar fe cuando un juez llega a su despacho con evidente estocada y fuera de sí, pero al cacharlo las cámaras y hacer virales los videos y fotos solo se señala que “el Consejo conocerá la queja que debe presentar la supervisión”, pero ¿llevó a cabo el juez audiencias el lunes? ¿Mandó a alguien a prisión? ¿Está en su despacho hoy como si nada?

El juez es famoso por estos clavos, la diferencia es que ahora quedó grabado. Sin duda tiene padrinos muy pero muy grandes que lo protegen y por eso en el Organismo Judicial el sistema disciplinario es para auxiliares.

Muchas leyes pueden plantearse, pero sin voluntad política no hay cambios y este gobierno no tiene ninguna intención de realizarlos. ¿O hay duda?

@Alex_balsells