Numerosos observadores plantean la existencia de la polarización en Guatemala. Una manifestación de esta polarización habría sido la forma que asumió el debate sobre las reformas constitucionales del sistema de justicia. Muchos perciben que se enfrentaron dos grupos: uno de tendencia conservadora que no simpatizaba con estas reformas, especialmente las referidas a la justicia indígena; y otro grupo que sí las quería y que al mismo tiempo ha buscado favorecer procesos de cambio social.

La madura y digna decisión de las autoridades indígenas ancestrales de retirar la iniciativa referida a la justicia indígena para no obstaculizarlas el avance de otras reformas de justicia contribuyó a reducir esta polarización. Ahora se vislumbran mayores posibilidades de que se puedan aprobar las otras reformas constitucionales del sector de justicia, ojalá sujeto a un debate racional e informado.

Convendría ubicar dentro de ese contexto las reacciones de todos ante la muerte de 40 jóvenes mujeres. Sin pretender minimizar el dolor y desesperanza que implica esta tragedia, el compartido rechazo generado podría ser la base para buscar acuerdos sobre algo más que la necesaria reforma de la Secretaría de Bienestar Social.

En un instante, la muerte de las 40 jóvenes ha puesto de relieve la necesidad de renovar nuestro Estado para que por lo menos pueda realizar algunas actividades básicas de manera eficaz.

En relación a los niños y jóvenes, ¿no sería posible que pudiéramos llegar a acuerdos nacionales sobre algunas de las funciones básicas que nuestro Estado debiera realizar eficazmente? Y, ante las manifestaciones de tanta incompetencia y debilidad institucional, ¿no podríamos llegar a acuerdos sobre la calidad de los funcionarios que deben ser parte del Estado, y especialmente en relación a algunas de las instituciones fundamentales para proteger a los niños y a los jóvenes, al tiempo que se asegura la nutrición, salud y educación de niños y jóvenes?

Continuaremos enfrentando diferencias de opinión sobre diversos temas, incluyendo lo que creemos que deben ser las funciones del Estado. Pero estas diferencias de opinión no son algo negativo; son parte inherente de cualquier sociedad, y tenemos que aprender a manejarlas, a discutirlas, sin descalificaciones, sin tildar a nuestros adversarios de enemigos. En la mayor parte de sociedades las posiciones más extremas tienden a ser secundarias, con un gran grupo mayoritario de ciudadanos ubicados cerca del centro y que se inclina hacia uno u otro lado dependiendo de las circunstancias, de los argumentos y de los intereses. Un pacto social, que tome en cuenta nuestra diversidad étnica y territorial al ser negociado, debería favorecer ese tipo de proceso democrático, sin el predominio de los extremos.

Sería muy positivo que organizaciones sociales o gremiales que históricamente han ejercido un poder de veto para impedir reformas, adoptaran en este caso posiciones similares a las asumidas por las autoridades indígenas. Debieran ceder algunas de sus posiciones para permitirnos renovar nuestro Estado, darle capacidad de respuesta y avanzar como sociedad.

Ante la desesperanza que existe, quizás nuestro maltrecho gobierno podría impulsar, como prioridad política y con rigor metodológico, la negociación de un pacto social de amplia cobertura territorial para determinar cómo el Estado debe atender a los niños y a los jóvenes. Podría generar esperanza, reducir la polarización y darnos un sentido de dirección, en vez de estancarnos en medio de recriminaciones de todo tipo.

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