En más de un foro, espacio de discusión o informes especializados sobre el avance del país se ha insistido en la necesidad de cambiar, renovar y revisar profundamente el modelo económico sobre el que descansa el desarrollo nacional, porque está agotado o es insuficiente como para generar un bienestar de mayor impacto.

El único número positivo que reiteradamente aparece sobre el desarrollo nacional es el relativo al mantenimiento de la macroeconomía, que incluso permite poner al país como ejemplo en Latinoamérica, pero en cuanto a producción, la cifra apenas rebasa el 3 por ciento del producto interno bruto, algo insuficiente para generar avances en aquellos indicadores que repercuten en mejoría para los habitantes.

El pasado jueves, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó su nuevo informe sobre nuestra realidad y una vez más se muestran datos que deberían avergonzarnos, porque lejos de avanzar, Guatemala muestra retrocesos o estancamiento sobre indicadores vitales que plantean cuesta arriba la viabilidad nacional.

Según el informe Más allá del conflicto, luchas por bienestar, seis de cada 10 guatemaltecos viven en pobreza y el 76 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. También se revela que el 80 por ciento de la población indígena vive en la pobreza y la clase media ha pasado de representar el 26 por ciento al 21 por ciento en el 2014, un indicador que repercute en el consumo.

En lo relativo a la pobreza se estima que ha regresado a niveles similares a los que se registraban en 1990, lo que marca una degradación socioeconómica de grandes sectores. Quizás a ello se deba también que el empleo formal es uno de los más raquíticos del mundo, pues las cifras reportan que al menos un 70 por ciento de la población trabaja en la informalidad.

El hecho de que quienes dirigen las políticas económicas lo hacen en muchos casos pensando solo en los sectores a los que representan ha acarreado que más empleos se vuelvan vulnerables, con salarios bajos y otros, al límite de la legalidad, lo que implica que un altísimo porcentaje de guatemaltecos quede fuera de cualquier protección social, porque prácticamente a nadie le interesa la sostenibilidad ni la inclusión laboral.

Otra realidad lacerante que reporta el informe del PNUD es que Alta Verapaz es el departamento con el mayor número de hidroeléctricas en operación y el segundo en generación de energía, pero, paradójicamente, es uno de los más pobres y el que reporta el menor índice de cobertura eléctrica.

De hecho, ese departamento aparece, junto a Petén, Quiché y Huehuetenango, entre los que reportan mayor conflictividad en lo relativo a disputa de tierras, uso de agua o demandas recurrentes sobre insatisfacción económica, lo que explica que en los lugares más pobres es donde también es latente la conflictividad.

Esa es una realidad que nos invita a cambiar el enfoque sobre el modelo de país que aspiramos construir, lo que no puede hacerse sobre los viejos cimientos de un desarrollo mal entendido.